La oposición considera que el ciclo político de Camps se ha agotado
En horas se sabrá si la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano propone el archivo del caso Gürtel, en el que está imputado el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, o si el procedimiento sigue adelante. Con independencia de cuál sea el resultado, el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, fue ayer rotundo al asegurar que la responsabilidad política del presidente Camps es "muy clara" con independencia de lo que ocurra en los tribunales. Según Alarte, el caso Gürtel "evidencia la descomposición y el final de un modelo y un ciclo político" en la Comunidad Valenciana. "Camps debería de haber dimitido desde que fue imputado", reiteró.
Alarte censuró que la Generalitat entregara casi ocho millones de euros a la trama de corrupción de Francisco Correa -hoy en prisión- y El Bigotes. Y extendió la responsabilidad de lo que está pasando en el PP valenciano al presidente nacional del partido, Mariano Rajoy, por "no atreverse con el señor Camps". El secretario general de los socialistas insistió en que la Comunidad Valenciana sufre una crisis institucional por la implicación de la máxima autoridad autonómica en un proceso judicial que puede llevarlo a sentarse en el banquillo de los acusados. Alarte lamentó que frente a esta situación, el PP rehúya su responsabilidad política por haber ocultado información a todos los valencianos.
Por su parte, la formación Els Verds-Esquerra Ecologista del País Valencià pidió una urgente regeneración democrática en las instituciones valencianas y alertó de posibles indiscreciones en torno a la causa que se sigue contra el presidente de la Generalitat y los otros tres imputados. "Esperemos que la investigación siga su curso ajena a las presiones de la cúpula del PP", afirmó ayer Giuseppe Grezzi, de Els Verds-EE, en un comunicado.
Desde el Consell también se habló de injerencias, pero en sentido bien diferente. El vicepresidente tercero del Gobierno valenciano y consejero de Bienestar Social, Juan Cotino, dijo que "se está intentando perturbar" la decisión del tribunal valenciano, revelando dos días antes del pronunciamiento judicial, una lista de regalos de Navidad a cargos públicos del PP por parte de Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes. Cotino insistió en que la causa judicial se ha politizado.
