La remodelación publicitada ayer por Francisco Granados, consejero de Interior de Esperanza Aguirre, tiene muchas lecturas.

1. El gran ganador es Enrique Barón, actual director general de Seguridad, ajeno a todos los clanes policiales con sede en su dirección involucrados en labores de espionaje o de dudosa legalidad. El poder que le concede Granados, por el principio de Arquímedes, es igual al peso desalojado por el sumergido Gamón, príncipe de los espías de la Consejería de Interior antes y después de su destitución en julio de 2008 tras la requisa de un ordenador que fue denunciada como robo.

2. Es una limpieza muy útil cuando una juez investiga a casi una decena de agentes que ahora dejan de tener el cobijo orgánico que antes tenían. Por ejemplo, nadie sabía en dicha consejería qué labores realizaban los funcionarios históricos José Manuel Pinto o José Palomo, investigados por el espionaje a Prada y a Cobo. Estaban a las estrictas órdenes de Gamón. Sólo le daban cuenta a él. Igual ocurría con los tres ex policías que fichó. Ahora, salvo que sean adscritos a Marcos Peña, asesor de Granados, que ya utilizó los servicios de los tres ex guardias civiles, todos van a depender de él. Barón, un año después de ser nombrado, ya no podrá alegar que no sabe qué hacen. Porque deberá saberlo.

3. Los funcionarios y ex agentes implicados en estos servicios secretos paralelos van a perder privilegios. Ya no habrá motos de gran cilindrada ni viajes especiales con dietas ni coches a granel ni largas jornadas compensadas con vacaciones u horarios relajados. A lo peor, dejan de ver interesante su trabajo, y cuando los cite la juez, ya no están en la consejería. Algo políticamente relevante: se alejan de Aguirre.