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750 'mossos' toman Mataró para registrar 72 talleres ilegales chinos

Los agentes detienen a 30 personas que explotaban a compatriotas

Los Mossos d'Esquadra asestaron ayer un golpe contundente a la mafia china, que controla el negocio del textil en la costa del Maresme (Barcelona) a través de una tupida red de talleres clandestinos. En una operación de dimensiones desconocidas -la más grande en la historia de la policía catalana- 750 agentes tomaron la ciudad de Mataró y registraron 72 locales y pisos con un objetivo: detener a los propietarios por explotar a cientos de compatriotas a cambio de sueldos de miseria. Hasta anoche, los mossos habían detenido a unas 30 personas, según el consejero de Interior, Joan Saura.

Las mayoría de las víctimas -hay cientos de ellas- está en situación irregular en España. Los trabajadores chinos de Mataró asumían jornadas interminables en condiciones insalubres. Muchos dormían en los talleres. Por todo ello, sus jefes son sospechosos de un delito contra los derechos de los trabajadores, castigado con penas de entre dos y cinco años de cárcel.

La Operación Wei, que empezó a primera hora y ayer por la noche seguía abierta, se dirige contra los responsables de la explotación laboral. Coordinados por la Fiscalía Especial contra Crimen Organizado, los investigadores intentan desvelar las conexiones de los propietarios con la mafia china. En algunos casos, los dueños se ven obligados a abonar sumas de dinero a los grupos mafiosos, que les proporcionan protección y mano de obra barata. En otros, es la mafia la que controla directamente los talleres y trae a operarios de China. Éstos adquieren una deuda por salir del país y se someten sin protestar a un ritmo de trabajo esclavo, explicaron fuentes policiales.

"Es la operación más importante en Cataluña contra el tráfico de seres humanos", dijo Saura, que quiso asumir la felicitación al cuerpo un día después de la sentencia que condena a tres mossos a pagar una multa por golpear a un detenido en comisaría. La agresión fue grabada por una cámara que se instaló a instancias del consejero. La pena mínima dictada finalmente ha llevado a los sindicatos policiales a pedir su dimisión.

Los registros se hicieron de forma simultánea para evitar fugas, pero fue necesario llamar a secretarios judiciales de otras ciudades. Los trabajadores que infrinjan la Ley de Extranjería serán entregados al Cuerpo Nacional de Policía, que mantiene las competencias en esa materia en Cataluña y realiza habitualmente este tipo de operaciones. El juzgado de Instrucción número 2 de Mataró ha decretado el secreto de sumario.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 17 de junio de 2009