Los pueblos de Garoña se alían para defender la prórroga nuclear

El alcalde de Valle de Tobalina, Rafael González Mediavilla, ve con pavor la posibilidad de que cierre la nuclear de Santa María de Garoña: "Esto sería la ruina". La nuclear está en su término municipal y aporta 1,2 millones de euros en impuestos a un Ayuntamiento cuyo presupuesto es de 2,8 millones, muy por encima de lo que le correspondería a un municipio de mil habitantes.

Por eso, los 14 ayuntamientos del entorno de la central reunidos en la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (Amac) no sólo se oponen al cierre sino que acordaron el viernes recurrir a los tribunales en caso de que el Gobierno cierre la central pese al informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y exigir allí compensaciones millonarias por lo que dejarán de ingresar los próximos 10 años. Este recurso se une al que con toda probabilidad presentarían los propietarios, Endesa e Iberdrola.

Amac ha encargado un estudio jurídico sobre la licencia de la planta

El 50% de la economía de la comarca depende de la central

"No puede volver a pasar lo de Zorita. Fue un escándalo. Han cerrado la nuclear de Zorita y no se ha hecho el más mínimo plan de desarrollo", explica Mariano Vila, gerente de Amac. Lo de Zorita fue el primer cierre de una nuclear española. Lo decidió en 2002 el Gobierno de Aznar -que ahora se define como pronuclear- y lo ejecutó el CSN. La planta, situada en Almonacid de Zorita, Guadalajara, cerró en 2006 y está en proceso de desmantelamiento.

Pero el alcalde de Almonacid, Gabriel Ruiz del Olmo, del PP, lo ve muy negro. "No contaron con nosotros ni para abrirla, ni para cerrarla, del cierre nos enteramos por la prensa. El plan alternativo al empleo ha sido un fracaso y no ha creado ninguna alternativa de futuro tras el cierre". Por eso el alcalde incluso ve una nueva nuclear en la zona como la solución. Unión Fenosa, la propietaria de Zorita, llevó a los tribunales en principio el cierre de la nuclear aunque luego retiró el recurso tras negociar con el Gobierno.

La situación en Garoña no va a ser igual. Todos en la comarca están decididos a pelear hasta el final. Además, en Zorita el cierre fue una decisión del CSN mientras que el consejo ha dado el visto bueno a mantener Garoña viva.

"No hay razones para el cierre. Lo único que argumentan es que hay un programa electoral", explica Vila. Amac considera que una cosa es que el Gobierno pueda tomar decisiones de forma discrecional y otra que lo haga de manera arbitraria: "Si se cierra tendrán que indemnizar a la zona", concluye. Amac ha encargado un estudio jurídico sobre la licencia de Garoña y el próximo día 19 es previsible que ratifique en asamblea con los municipios de toda España la presentación del recurso. La Ley del CSN establece que sus informes sólo serán vinculantes si son negativos, pero que, en caso de ser favorables, no obligan al Ministerio de Industria. Sin embargo, hay abogados que consideran que eso no basta para cerrar la nuclear y que el Gobierno debe motivar bien su decisión de cierre, por ejemplo por cuestiones de política energética.

El Gobierno ha intentado transmitir tranquilidad a la zona. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pidió el viernes calma a los empleados: "El Gobierno siempre velará por sus intereses, sea cual sea la decisión final que adopte". Pero el presidente del Comité de Empresa, Alberto César González, señaló ayer que lo único que contemplan es seguir trabajando en la nuclear: "No queremos saber nada de planes alternativos. Lucharemos hasta el final".

El Gobierno aún no ha hecho pública su decisión sobre Garoña, pero ha apuntado que cerraría la central en 2011, cuando cumpla los 40 años de funcionamiento para los que fue diseñada inicialmente y cumplir así el programa electoral. El secretario de Economía del PSOE, Octavio Granado, se reunió el sábado con los trabajadores de la plantilla para calmar los ánimos. Oficialmente, el PSOE regional defiende que puede haber un plan alternativo, pero en la práctica se encuentra muy incómodo ante el cierre.

La central emplea a 315 personas, más otros tantos en contratas, según la empresa, que afirma que genera otros 400 empleos indirectos. El profesor de Economía de la Universidad de Burgos Óscar López de Foronda estudió en 2007 por encargo de la nuclear el impacto económico en la zona y concluyó que un 50% de la economía de la comarca depende de la central. "Se trata de una zona agrícola en el que una empresa tan grande tiene mucho impacto", señaló ayer. Y añadió: "Me cuesta creer en un plan alternativo en esta zona. En su día se habló de construir una nueva nuclear, que sí era viable, pero ahora no lo es".

Los ecologistas admiten que Zorita ha sido un ejemplo mal resuelto y que hay que buscar alternativas de empleo, como explica Francisco Castejón de Ecologistas en Acción. Pero también critican la urgencia cuando durante los 38 años que ha funcionado la nuclear "ha sido un monocultivo y nadie se preocupó de generar un tejido alternativo". Ante la pérdida de los puestos de trabajo, éstos esgrimen que el hachazo del Gobierno a la energía solar fotovoltaica ha costado ya unos 20.000 empleos sin tanto ruido.