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Los expertos reclaman un tribunal penal específico

Pese al gran despliegue naval en aguas del golfo de Adén y del océano Índico -que reúne navíos de guerra de EE UU, Rusia, China, India y la UE para proteger a los 20.000 barcos que surcan estas aguas cada año-, no hay una respuesta jurídica común ni un tribunal específico al que puedan ser conducidos los piratas. Esta confusión jurídica provoca situaciones insólitas, como la liberación de siete somalíes apresados, decidida por España, o la multiplicación de justicias dedicadas al caso.

"El asunto real es que necesitamos crear un marco legal internacional", asegura el almirante Thad Allen, jefe de los Guardacostas de EE UU, al diario The Christian Science Monitor. Algunos expertos europeos y norteamericanos creen que del actual sistema legal de Kenia nacerá una Corte Penal Internacional con sede en Mombasa, similar a las existentes en La Haya, y con jurisdicción universal sobre los delitos de piratería.

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El juez ordena liberar a los piratas y rechaza entregarlos a Kenia

Estados Unidos y la Unión Europea (incluida España) han firmado en los últimos meses memorandos de entendimiento con el Gobierno keniano que han permitido poner en marcha la instrucción de varios procesos contra piratas somalíes entregados a Nairobi por estadounidenses y alemanes. Pero ni siquiera este acuerdo ha servido ahora par el caso de los piratas que siguen a bordo del Marqués de la Ensenada.

Corte Internacional

"Kenia tiene la ambición de convertirse en la sede de una Corte Internacional sobre piratería, que traería al país dinero y prestigio", asegura al diario The Christian Science Monitor Rashid Abdi, experto del International Crisis Group. "Pero Kenia no es La Haya; hay milicias armadas muy cerca de su frontera [Al Shabab, que EE UU vincula con Al Qaeda]. La verdad es que no estamos preparados. No existe un protocolo internacional antipiratería", añade.

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Francia, Holanda y Estados Unidos mantienen en su poder varios piratas a los que van a procesar en sus tribunales. En el caso holandés, la fiscalía se ha visto obligada a desempolvar leyes del siglo XVIII sobre el delito de robo en el mar.

Mark Ellis, presidente de la Asociación Internacional Bar, y otros

expertos creen que la comunidad internacional dispone de instrumentos legales suficientes, ya que el Tratado de la Ley del Mar de Naciones Unidas, considera cualquier acto de piratería fuera del límite de las 12 millas un delito "con jurisdicción universal".

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