El bufete de Michavila cobró por hacer leyes para Gobiernos del PP
Redactó la norma audiovisual valenciana y asesoró a los que lograron licencias
El bufete de abogados en el que colabora el diputado del PP José María Michavila, Eius, ha sido contratado en numerosas ocasiones por comunidades y ayuntamientos gobernados por el PP para elaborar y aplicar leyes. El bufete incluso compatibilizó sus labores como redactores de una ley de la Generalitat valenciana con el asesoramiento a empresas privadas sobre la misma materia. Así, Eius fue contratado por la Generalitat para redactar el anteproyecto de ley audiovisual de la comunidad en 2005 y siete meses después representó a una empresa que logró 13 licencias de TDT de esa Administración.
Entre mayo de 2005 y agosto de 2008, el despacho firmó al menos una veintena de contratos con la Generalitat y los ayuntamientos de Valencia, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, éstos últimos en Madrid y todos gobernados por el PP.
La empresa a la que asesoró el despacho del diputado logró 13 concesiones de TDT
Los contratos los firma Alberto Dorrego, administrador único del despacho y letrado de las Cortes. Dorrego y Andrés Jiménez, también letrado del Congreso y socio del bufete, están siendo investigados por la Cámara por presunta vulneración de la ley que les impide asesorar o elaborar dictámenes para comunidades y ayuntamientos. El artículo 62 les impide "la elaboración de informes o dictámenes para las Administraciones públicas".
Dorrego aseguró ayer a este periódico que no hay incompatibilidad porque el "espíritu de la ley" es que los letrados del Congreso no intervengan en la elaboración de normas que sean competencia de las Cortes. Y Michavila se negó a facilitar a este periódico su versión de los hechos. Su tesis ha sido siempre que Eius no es su bufete, sino sólo el despacho en el que colabora como abogado.
Varios de los contratos con los consistorios se refieren a cómo aplicar la ley 57/03 de medidas para la modernización del gobierno local que, entre otras cosas, permitía acceder a determinados municipios a la condición de grandes ciudades. Dorrego es precisamente letrado en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso. Con la Generalitat, Eius firmó al menos tres contratos entre febrero y mayo de 2005. La hermana de Michavila es jefa de gabinete del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y forma parte del despacho el actual portavoz de economía del PP en las Cortes valencianas, José Marí Olano. Uno de los contratos, de mayo de 2005, tenía por objeto la "asistencia técnica para la elaboración del anteproyecto de ley de ordenación del sector audiovisual de la Comunidad Valenciana". En diciembre de ese año, sólo siete meses después, el bufete también cobró 150.000 euros por ayudar a la sociedad Mediamed a lograr la adjudicación de 13 licencias de TDT. Es decir, Eius cobró de la Generalitat al mismo tiempo que representaba a una empresa ante esa Administración para lograr contratos.
Dorrego asegura que la norma que elaboró habla de la TDT, pero no de los concursos a los que luego optó la empresa que representa y que, por tanto, no hay, en su opinión, ninguna incompatibilidad ni inconveniente ético. Fuentes del equipo de la Generalitat que otorgó dichas licencias aseguran que no hubo ningún trato de favor, ni irregularidad.
Con el Ayuntamiento de Valencia firmó entre mayo de 2005 y mayo de 2006 al menos cuatro contratos para hacer el reglamento del consistorio y el de participación ciudadana, entre otros.
Contratos con Pozuelo
En Pozuelo, Eius recibió al menos 64.000 euros de contratos firmados entre marzo de 2007 y agosto de 2008, por el entonces alcalde, Jesús Sepúlveda, imputado por Garzón por cohecho. Los conceptos de las adjudicaciones son: "Elaboración de un dictamen técnico-jurídico orientado a la progresiva adaptación normativa y organizativa de esta corporación local al régimen de grandes ciudades"; "memoria acreditativa de la corporación de circunstancias económicas, sociales, históricas y culturales relativas a la consideración del municipio como gran población"; "contrato de consultoría y asistencia jurídica"; "estudio general de recursos humanos y posibilidad de modernización" y "entrega de los borradores de reglamento orgánico de gobierno y administración del pleno del ayuntamiento".
