Garzón abre un nuevo proceso contra los torturadores e instigadores de Guantánamo

El juez Baltasar Garzón abrió ayer una investigación sobre la posible existencia de un plan sistemático de torturas y malos tratos a prisioneros de guerra en la base estadounidense de Guantánamo que violaría las convenciones de Ginebra y varios convenios y tratados internacionales, que, a su juicio, constituirían delitos de lesa humanidad. Al mismo tiempo, el magistrado reclamó a su colega Ismael Moreno, que instruye otro proceso por los llamados "vuelos de la CIA" -que incluye también los vuelos que trasladaron a prisioneros talibanes a Guantánamo-, que le remita los antecedentes e indicios que tenga sobre la existencia de torturas, no sobre los vuelos.

Garzón ha abierto la investigación sobre la base de las torturas que le denunció el 13 de febrero de 2004 Hamed Abderramán Ahmed, Hmido, el único español que estuvo preso en la base de Guantánamo, y al que el juez de la Audiencia Nacional procesó por pertenecer a Al Qaeda. El talibán español fue juzgado por la Audiencia y condenado a seis años de prisión por integración en banda terrorista, aunque luego, el Supremo le absolvió porque las pruebas obtenidas en Guantánamo eran nulas de pleno derecho.

Una nueva querella se dirige contra Donald Rumsfeld y Condoleezza Rice

La Audiencia, sin embargo, tras conocer la doctrina del Supremo absolvió en 2006 al marroquí Lahcen Ikassrien, que estuvo dos años en Guantánamo y para el que el fiscal pedía ocho años de prisión. Jamiel Abdul Latif Al Banna y Omar Deghayes, que estuvieron procesados por pertenencia a banda terrorista en el mismo sumario que el talibán español fueron puestos en libertad en el Reino Unido después de que Garzón renunciara a la petición de extradición que había formulado.

Todos ellos habían denunciado haber sido torturados. Y son precisamente esas denuncias, una de ellas de hace más de cinco años, las que Garzón ha utilizado para abrir este nuevo proceso. No se trata de la querella presentada por la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España que denunció a los asesores jurídicos que hicieron posible la existencia de Guantánamo y las prisiones secretas, cuya tramitación ha correspondido por reparto al Juzgado Central número 6, cuyo titular es Eloy Velasco, porque este juez todavía no se ha pronunciado sobre si es competente o no para investigar los hechos. La citada asociación, no obstante, ha presentado otra querella para personarse como acusación en el proceso abierto por Garzón.

El juez considera que los hechos podrían constituir delitos de lesa humanidad por la violación sistemática de las convenciones de Ginebra, "de los que habrían sido responsables como ejecutores materiales o intelectuales, las personas que tuvieran bajo su guarda y custodia a los detenidos las que autorizaron o practicaron" las torturas a los detenidos. Esas personas, según el juez, eran "miembros todos ellos del ejército norteamericano o de la inteligencia militar y todos aquellos que ejecutaron y/o diseñaron un plan sistemático de torturas o malos tratos, inhumanos y degradantes en contra de los prisioneros que tenían bajo su custodia y que habrían sido capturados en el marco del conflicto armado declarado en Afganistán y a los que se acusaba de terrorismo".

El magistrado destaca que de los documentos desclasificados por EE UU, citados por los medios de comunicación, y que deberán solicitarse, "se ha revelado ahora lo que antes se intuía: un plan autorizado y sistemático de tortura y malos tratos sobre personas privadas de libertad sin cargo alguno y sin los elementales derechos de todo detenido, marcados y exigidos por las convenciones internacionales aplicables".

Este plan sistemático configura para Garzón la "posible existencia de una acción concertada para la ejecución de una multiplicidad de delitos de torturas contra las personas privadas de libertad en Guantánamo y otras prisiones, entre ellos Bagram (Afganistán) que adquiere casi un nivel oficial y que, por ende, genera una responsabilidad penal en las diferentes estructuras de ejecución, mando y diseño y autorización de ese plan sistemático de tortura".

Garzón recuerda la doctrina del Supremo sobre Guantánamo expresada por el magistrado Joaquín Jiménez en la sentencia que absolvió al talibán español. "La detención de cientos de personas, sin cargos, sin garantías, y por tanto sin control y sin límites, en la base de Guantánamo custodiados por el Ejército de EE UU", decía la sentencia, "constituye una situación de imposible explicación y menos justificación desde la realidad jurídica y política en la que se encuentra enclavada".

"Bien pudiera decirse", agregaba, "que Guantánamo es un verdadero limbo en la comunidad jurídica que queda definida por una multitud de tratados y convenciones firmadas por la comunidad internacional, constituyendo un acabado ejemplo de lo que alguna doctrina científica ha definido como 'derecho penal del enemigo' [...] opuesto al derecho penal de los ciudadanos [que], quedaría reservado para los que se consideraría responsables de atacar o poner en peligro las bases de la convivencia y del Estado de derecho".

Entre los querellados figuran cargos de la Administración de Bush: la secretaria de Estado, Condoleezza Rice; el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld; el director de Inteligencia Central, George Tenet; el subsecretario de Defensa para la Inteligencia en el Departamento de Estado, Stephen Cambone, y los generales Ricardo Sánchez, Geoffrey Miller, Walter Wojdakowski y Thomas Pappas.

Fuentes de la Audiencia criticaron ayer la decisión de Garzón por considerar que en los últimos cinco años no investigó las torturas a Hmido, y precisaron que el que lo haga ahora parece responder sospechosamente a la presentación de una querella contra los responsables jurídicos que hicieron posible Guantánamo.