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DEFENSORA DEL LECTOR

Condenados a permanecer en la Red

Crece el número de personas que solicitan modificar o retirar noticias que dañan su imagen. La amplificación en Internet agrava los efectos de los errores periodísticos

"Si entra en Google con mi nombre verá como punto dos una noticia acerca de mí, de hace veinte años, nada agradable, que no quiero dejar a mis nietos. Máxime cuando es francamente obsoleta. (...) Le ruego tenga a bien ordenar su retiro". La carta llega desde Buenos Aires y está firmada por un profesor de Farmacología. Efectivamente, al introducir su nombre en el buscador, aparece como primera referencia un listado de Dialnet con los 11 libros de los que es autor, y como segunda entrada, una noticia publicada en EL PAÍS en 1988 sobre su ingreso en prisión por un asunto relacionado con ETA. No hay otras entradas que permitan saber en qué quedó aquello. En el archivo de EL PAÍS figuran 14 noticias con ese nombre, pero ninguna informa tampoco sobre el desenlace del proceso.

¿Cuándo y por qué se debería blindar el acceso a una noticia pública?

En las últimas dos semanas, la Defensora del Lector ha recibido varias peticiones más. Ana G. D., por ejemplo, escribe: "Quiero agradeceros la atención que tuvisteis al publicar en el foro de EL PAÍS la queja que envié. Os escribo para solicitaros que la eliminéis, ya que ha quedado en el histórico, y todas las personas que buscan mi perfil lo primero que encuentran es ese artículo". Su preocupación es comprensible: una cosa es participar en un foro digital en un tono desenfadado, y otra muy distinta que ese escrito pueda ser leído, fuera de su contexto, por un jefe de personal a la hora de evaluar a los aspirantes a un cargo.

La casuística es infinita y, en algunos casos, sangrante. Es el caso de un cirujano cuya única referencia en Google es su imputación por negligencia a causa de un error médico del que más tarde fue absuelto; el de un toxicómano ya rehabilitado, cuyo pasado le persigue por un atraco en el que participó, o el de una mujer cuyo nombre remite a una noticia de cuando ella era menor y tuvo que presenciar cómo su padre mataba a su madre. Cosas nada agradables de recordar y que aparecen en Google con luces de neón.

Los afectados consideran que esas noticias dañan su imagen pública, y por eso piden que se retiren de Internet. Pero no es tan sencillo. Se trata de archivos públicos en cuya gestión intervienen diferentes instancias en una madeja de responsabilidades difícil de desenredar. La mayoría son noticias veraces, pero también las hay inexactas e incompletas. En estos casos, la amplificación de Internet agrava las consecuencias de los errores periodísticos, en una problemática que Paloma Llaneza, abogada experta en nuevas tecnologías, explica así: "Antes de Internet, cuando alguien quería saber algo sobre otra persona, tenía que ir a una hemeroteca, lo cual requería un cierto esfuerzo, pero cuando accedía tenía el historial completo. Ahora, buscadores como Google permiten acceder a los archivos de forma automática, pero no completa, y confiere vigencia a noticias antiguas que han dejado de ser relevantes. Si además eran erróneas, el perjuicio puede ser muy grave".

ELPAÍS.com recibe unas tres peticiones de retirada de noticias por semana. La responsable de su servicio jurídico, Ana Ramos, explica: "Es una problemática muy seria, que va en aumento y que en ocasiones provoca situaciones muy dolorosas. Pero EL PAÍS no puede de ningún modo modificar sus archivos. Eso sería falsear la historia. Los archivos son intocables. El problema radica en la facilidad con la que Google o cualquier buscador los hace accesibles, y el modo en el que lo hace. Es Google quien establece la selección de las noticias que aparecen".

La pelota está pues en el tejado de Google. Pero por poco tiempo: "Nosotros nos limitamos a rastrear e indexar páginas web de acceso público", responde Bárbara Navarro, directora de Relaciones Institucionales de Google. "Cuando alguien nos pide que retiremos una información, le dirigimos al propietario de la página. Es el único que puede eliminarla o modificarla".

Cuando un usuario realiza una búsqueda, Google aplica un sistema automático que rastrea las páginas web existentes. Y para jerarquizar la selección, aplica un algoritmo de búsqueda que combina más de 200 variables, en una fórmula tan secreta como la de la Coca-Cola. Una vez hecha la jerarquización, establece un enlace por el que el usuario puede acceder a cada sitio. Pero la selección es necesariamente arbitraria, incompleta y además variable.

"Si la página original es modificada o desaparece, en el próximo rastreo también desaparecerá de Google", precisa Bárbara Navarro. "Y si el propietario de la web, o el webmaster, no quiere o no puede eliminar la información, entonces nosotros le proporcionamos una herramienta que le permite hacerla invisible en Internet. Pero usar o no esa herramienta es una decisión del webmaster". En este caso, la información no se destruye, pero sólo puede ser consultada en el archivo del propio medio.

Con esta herramienta, Google deja de nuevo la pelota en el campo de los medios. Pero las cosas siguen sin estar claras. Una reciente resolución de la Agencia Española de Protección de Datos a raíz de una denuncia presentada por R. B. G. contra Google y contra ELPAÍS.com por la publicación de una información sobre un incidente en el que se vio implicado, concluye que la posibilidad de acceder a esa noticia a través de Google "afecta a su situación personal de manera fundada y legítima", por lo que insta a Google Spain, SL, a retirar los datos de su índice e impedir el acceso futuro a los mismos.

La agencia desestima, en cambio, la reclamación contra ELPAÍS.com por entender que, cuando se trata de una información veraz y de relevancia pública, prevalece el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, hace unas consideraciones dignas de ser tenidas en cuenta. Dice, en primer lugar, que los periódicos deberíamos ponderar mejor la relevancia de publicar la identidad de las personas implicadas en una noticia, y en los casos en que ese dato no aporte información, propone evitar la identificación o hacerla con iniciales. También nos insta a reflexionar sobre la conveniencia de "mantener de manera permanente una absoluta accesibilidad" a noticias que ya no tienen relevancia pública, "dada la trascendencia que puede tener sobre la privacidad de las personas". Y finalmente, insta a los medios a "usar medidas informáticas para que, en caso de que concurra interés legítimo de un particular y la relevancia del hecho haya dejado de existir, se evite desde su webmaster la indexación de la noticia por los motores de búsqueda de Internet. De esta forma, aun manteniéndola inalterable en su soporte, se evitará su divulgación indiscriminada, permanente y, en su caso, lesiva".

Esta herramienta supone una novedad, pero abre una caja de Pandora difícil de gestionar por los medios. ¿Cuándo y por qué se debería blindar el acceso a una noticia de archivo que es pública? Ana Ramos considera que "puede haber casos en que esté justificado, porque la información sea incorrecta o incompleta, pero tendría que verse caso por caso".

La abogada Paloma Llaneza llama la atención sobre la problemática que plantea la existencia de una biografía digital que cada vez puede tener más importancia en nuestras vidas. Estima que eso obliga a la ciudadanía a plantearse cómo utilizan los instrumentos de la Red, pero también obliga a los periodistas a replantear las exigencias de los controles de calidad.

Esta Defensora también lo cree. Por su alta capacidad de impacto, las noticias que publica EL PAÍS suelen figurar entre los primeros enlaces de una búsqueda con Google. Deberíamos extremar el cuidado en el tratamiento de los datos privados de las personas que aparecen en las informaciones. Y, desde luego, deberíamos poner fin a la tolerancia con que permitimos ciertas carencias en nuestro trabajo, como la de no hacer siempre un seguimiento de las noticias que publicamos. ¿Es lícito que publiquemos a cuatro columnas que alguien ha sido imputado y nunca informemos si ha sido condenado o absuelto? Deberíamos establecer normas al respecto. En casos como la Operación Gürtel o las causas por corrupción urbanística, con decenas de presuntos implicados, deberíamos especificar quiénes quedan libres de cargos conforme avanza el proceso, y hacer una recapitulación final cuando, seguramente al cabo de muchos años, se produzca la sentencia.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Domingo, 22 de marzo de 2009