La legalización del suicido asistido no dispara la demanda
Muchas veces, tener la posibilidad de quitarse la vida de una manera indolora si se sufre una enfermedad incurable da fuerzas para seguir adelante. Así se desprende de los datos de un decenio en el Estado de Oregón (EE UU), el primero que permitió el suicidio médicamente asistido, que publica el New England Journal of Medicine. De acuerdo con este trabajo, desde que en 1998 se aprobara que las personas pudieran pedir que un profesional les recetara una combinación de fármacos para quitarse la vida, se han prescrito 540 tratamientos, y 338 fallecimientos se han acogido a la ley. En las pasadas elecciones, el Estado de Washington aprobó una iniciativa similar.
Los datos avalan lo que defienden los partidarios de que se regule esta práctica, como el bioético Marcelo Palacios o las asociaciones Derecho a Morir Dignamente (DMD) o Morir en casa: que la legalización de la eutanasia o el suicidio asistido no implica una demanda o un uso masivo, sino que sirve como elemento tranquilizador para las personas que saben que su vida llega a su fin o que tienen que sobrepasar grandes sufrimientos.
Holanda y Suiza
Las legislaciones de Oregón y Washington no son equiparables a las leyes de eutanasia holandesa y belga, en las que el médico, tras pasar unos controles, puede administrar directamente los fármacos (por ejemplo, inyectándolos si el paciente está en coma). En Holanda, la ley entró en vigor en 2002, y se calcula que la usan unas 900 personas al año. En Suiza existe un vacío legal que permite el suicidio asistido (el médico receta, pero los medicamentos se los toma el paciente).
En España ambas prácticas están prohibidas. Lo que puede hacerse es informar a los interesados sobre la preparación de documentos de voluntades anticipadas, hacer un seguimiento de que se cumple la voluntad de la persona y, si llega el caso, informar acerca de qué medicamentos tendría consecuencias fatales, pero no pueden proporcionarlos. La situación podría cambiar esta legislatura, si así lo decide la comisión que ha anunciado el ministro de Sanidad, Bernat Soria. Actualmente, la asistencia al suicidio está castigada en el Código Penal, aunque de una manera atenuada cuando se ayuda a un enfermo terminal o que está sufriendo mucho y éste lo pide claramente.
