Cinco objetivos de una tacada
¿Pueden las infraestructuras desempeñar un papel relevante en el potenciamiento del desarrollo económico?, ¿pueden servir atenuar y frenar los desequilibrios regionales? Estas preguntas tuvieron amplia respuesta desde los trabajos académicos y, por tanto, es posible medir el impacto del capital público sobre la productividad y sobre el desarrollo económico territorial. Aschauer, estimaba, en 1989 y para la economía americana, una relación positiva de 0,30 entre la dotación de infraestructuras y el crecimiento económico. En España, los recientes estudios llevados a cabo por Ángel de la Fuente y Antonio Rafael Peña, ofrecen varias conclusiones. La elasticidad de las infraestructuras es de 0,104; esto es, un esfuerzo de inversión por parte de las administraciones que implique un aumento del 1% en el stock de infraestructuras públicas, permitirá un crecimiento económico del 0,104%. Pero este incremento es menor que la elasticidad que posee el factor capital humano (0,14%) y el stock de capital privado (0,20), lo que implica que estos dos factores son asimismo esenciales para el crecimiento económico regional.
De las investigaciones también se extraen recomendaciones relevantes. La primera nos permite afirmar que es más que probable que un aumento de las infraestructuras públicas en las comunidades autónomas más pobres hubiera estimulado notables aumentos en la productividad, competitividad y crecimiento, y, por tanto, un mayor nivel de convergencia. En segundo término, la utilización de la inversión pública en infraestructuras constituye un instrumento de política económica directa, cuyas últimas decisiones están en manos de los gobernantes, y es obvio que van a influir sobre los ritmos de crecimiento y la localización geográfica del desarrollo. Y, en tercer lugar, su determinación tiene que ver con los efectos directos sobre la producción y el empleo, lo que significa incidir como elementos de atractividad (vía incentivos) para empresas e individuos y como factores para la mejora del bienestar y de la calidad de vida.
Examinando la inversión pública llevada a cabo a lo largo del periodo 1980-2004, se subraya que ha sido menor, en términos de habitante y superficie, en Castilla-Mancha, Extremadura, Aragón, Castilla-León, Murcia y Andalucía (las comunidades menos desarrolladas). Por el contrario, donde se han concentrado las mayores inversiones públicas fue en el País Vasco, Madrid, Canarias, Cantabria, Asturias y la Comunidad Valenciana. Galicia muestra un comportamiento singular, pues la inversión pública se canalizó en los primeros años en infraestructuras sociales y en los más recientes en las infraestructuras físicas.
Con estos datos es fácil determinar si las decisiones públicas adoptadas afectaron y asignaron, al mismo tiempo, preferencias para ciertos lugares y para ciertas categorías de infraestructuras. A lo largo de estos años se aplicó una combinación de políticas de redistribución territorial (corrección de desigualdades) con consideraciones doctrinales de maximización (criterios de eficiencia). Ello contribuyó a mejorar la coherencia de algunas acciones y a estabilizar las diferencias de unas comunidades con otras.
Ahora, en época de recesión, la gestión debe ser abordada desde la perspectiva de cómo utilizar las infraestructuras públicas y/o privadas para conseguir estimular el crecimiento y lograr alcanzar varios objetivos al mismo tiempo. El Gobierno Zapatero aborda cinco grandes objetivos: a) estimular el crecimiento por medio de paquetes económicos en donde se contemplen fuertes inversiones en infraestructuras públicas; b) poner énfasis en aquellas infraestructuras ligadas a la eficiencia productiva; c) lograr atenuar los desequilibrios regionales y favorecer las dinámicas de convergencia territorial; d) dirigir las acciones a mejorar la calidad de vida e incrementar el bienestar; y e) generar confianza en las políticas públicas.
¿Cómo llevar cabo este programa? Sin duda alguna, nunca de manera centralizada, sino por una apuesta descentralizada y a partir de las instituciones locales y autonómicas. Esto es, deben ser las administraciones públicas más próximas a los ciudadanos las que pongan encima de la mesa los programas a llevar a cabo. De esta forma, los efectos paliativos y auxiliadores podrán ser más intensos, coherentes con las necesidades de la realidad más inmediata y poseedores de efectos positivos a corto plazo.
Sólo una palabra final para advertir del peligro relacionado con la calidad de las propuestas y de las acciones a llevar cabo por las instituciones. Ojo, pues, con los efectos bumerán vinculados con la eficiencia y el endeudamiento.
