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El terrorismo golpea al empresariado vasco

Los miembros de LAB en el comité evitan la condena

La mujer de uno de los 350 trabajadores de Altuna y Uria SA, Clarinda, portuguesa de 42 años, aseguró ayer que se trata de una empresa de gente honesta, cumplidora y que paga bien. Ayer, el comité de empresa aseguró que Ignacio Uria era una "persona muy cercana", sin embargo, no logró unanimidad en la condena del atentado. De los 10 miembros, sólo los siete del sindicato nacionalista ELA rechazaron el asesinato. Los tres miembros de LAB, la central de la autodenominada izquierda abertzale, no apoyaron la condena. El sindicato prefirió mantenerse al margen, algo que ya es habitual.

A las diez y media de la mañana de hoy, ELA ha convocado a los trabajadores ante la sede de la empresa para expresar su repulsa. La central nacionalista, inequívoca en la condena del terrorismo de ETA, se encuentra entre las plataformas sociales que rechazan la llegada del AVE a Euskadi.

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ETA asesina a un empresario nacionalista

La historia de Altuna y Uria es la de un albañil, Alejandro Uria, que se convierte en empresario y deja a sus tres hijos una constructora familiar que está considerada una de las más potentes de Guipúzcoa. La empresa sufrió ya el 16 de marzo de 2007 un ataque violento del entorno de ETA por su participación en las obras del AVE. Pincharon las ruedas de cinco o seis camiones, taponaron sus tubos de escape y realizaron pintadas en su sede.

Hermanos y socios

Altuna y Uria, junto a Tecsa, logró en marzo de 2006 la adjudicación del primer tramo de la línea del AVE en Euskadi, entre las localidades alavesas de Arrazua-Ubarrundia y Legutiano, por 34,8 millones. La oposición de ETA al proyecto ha supuesto el asesinato de Ignacio Uria, uno de los tres socios principales de la empresa junto a sus hermanos Manuel y José María. Cada rama familiar tiene un 33% del capital.

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Altuna y Uria nació en septiembre de 1966. Inició su actividad en la edificación de casas para pasarse a la obra pública en 1975. Actualmente, la sociedad cuenta con una completa oferta de redacción de proyectos, construcción, reparación y conservación de obra civil. Su actividad se extiende también a la ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas y mecánicas. Su facturación supera los 60 millones anuales. A principios de los noventa sufrió ataques del entorno de la banda en su campaña contra la autovía de Leizaran.

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