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LA CALLE / Las perlas
Columna
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Campanas

- Las partes por el todo. La Agencia Catalana de Residuos tiene una particular política de comunicación: sólo da información parcial sobre cómo va la recogida selectiva de residuos, aspecto vital para mantener limpio el medio ambiente inmediato al ciudadano. Si se le piden los datos del conjunto de Cataluña, una portavoz del departamento de prensa responde que se espere a que se den, cuando toque y fragmentados, en cada una de las capitales catalanas. El consejero Francesc Baltasar, de quien depende la Agencia de Residuos, es periodista de profesión. A lo mejor no fue a clase el día en que se explicaba que si se diluye una noticia en cuatro pequeñas se pierde impacto y presencia en los medios, que es de lo que se trata, sobre todo cuando los datos son favorables.

- Más sobre gabinetes de prensa. Los cinco días que tardó el Ayuntamiento de Barcelona en hacer pública la grave lesión del jefe de su Guardia Urbana han dado pie a todo tipo de especulaciones. No vale excusarse en que el propio intendente pidió que no se revelara el caso. Se trata de un cargo público, que, supuestamente, recibió la agresión en el ejercicio de su función, y, por tanto, el ciudadano, el contribuyente, el que le paga el sueldo, tiene derecho a saber qué pasó. La opacidad impuesta por los servicios de prensa del Consistorio ha originado una tormenta política que se hubiesen podido ahorrar y ha desatado una espiral de rumores que se les han vuelto en su contra. El día que tocaba tampoco fueron a clase o no atendieron al profesor.

- Más sobre el incidente del intendente. Flaco favor a la imagen del Gobierno de la Generalitat le hizo el martes pasado el consejero Joaquim Nadal al asegurar, hablando en nombre del Ejecutivo autónomo, que la Administración catalana se enteró con cinco días de retraso del pelotazo que recibió el jefe de la Guardia Urbana y de sus graves consecuencias. Assumpta Escarp, concejal de quien depende la Guardia Urbana, salió inmediatamente al paso de esta afirmación y explicó que horas después del suceso informó del caso a Joan Saura, consejero de Interior. Consecuencia: los miembros del Gobierno catalán, en el mejor de los casos, actúan perfectamente descoordinados.

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