El Gobierno carece de un registro de desaparecidos del franquismo

El informe sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha solicitado al Gobierno no existe. Lo dice el "exhaustivo informe general" elaborado por la Comisión Interministerial de Víctimas de la Guerra Civil y el franquismo que creó el propio Gobierno para preparar la Ley de Memoria Histórica.

La presidía la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que sin embargo ayer, tras el Consejo de Ministros, preguntada por la petición de Garzón se limitó a decir: "Sin comentarios".

La cifra supera los 20.000, según el historiador Julián Casanova

Aquel trabajo concluía: "Dispersión de enterramientos por toda la geografía de España, cuyo número y ubicación precisos aún se desconocen. Inexistencia de un censo de personas desaparecidas". Y añadía: "El informe del doctor Lorente Acosta del Instituto de Medicina Legal de Granada se refiere a una cifra de entre 30.000 y 40.000 personas".

El informe global no está hecho, pero se puede hacer. Y hay bastante trabajo adelantado. La Junta de Andalucía, por ejemplo, ha financiado la elaboración de un mapa de fosas en la comunidad, un esfuerzo de 675.000 euros para localizar a cerca de 10.000 víctimas en más de 300 enterramientos. El mismo proyecto recopiló información sobre cerca de 75.000 represaliados. La Generalitat de Cataluña calcula que hay más de 9.000 personas enterradas en 157 fosas de la Guerra Civil y el franquismo.

La mayoría de las víctimas del bando nacional fueron exhumadas tras el conflicto, aunque, según el historiador Julián Casanova, "todavía podrían quedar familiares de muertos por el terror rojo que reclamen también una investigación".

"Estamos preparando un dossier con toda esta información para enviárselo a Garzón. Queremos demostrar que no eran desapariciones aisladas sino un método sistematizado para eliminar al enemigo. Un delito de lesa humanidad", explicó el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva. De momento, Garzón tiene sobre su mesa denuncias de familiares de más de 1.200 desaparecidos, la mayoría de Cataluña.

Casanova estima que el censo de desaparecidos de la Guerra Civil y el Franquismo asciende a más de 20.000 personas, casi todas asesinadas en el verano de 1936, "el año del terror caliente". No incluye en esa cifra a los fusilados tras Consejos de Guerra, de los que sí hay registros.

El historiador entiende que "desaparecidos" son las decenas de miles de hombres y mujeres que fueron paseados hasta un monte para ser ejecutados y a los que salieron en una saca de la cárcel donde se encontraban presos. Coincide en esa interpretación el historiador Santos Juliá. "Los Consejos de Guerra fueron una farsa, pero suponían pasar un proceso y quedar registrado. La mayoría de los que sufrieron esa justicia al revés en la que los rebeldes condenaban por rebelión a los leales al Gobierno de la República, fueron enterrados en fosas comunes en los cementerios. En cuanto a los desaparecidos, no hay un registro global, pero se puede hacer con un equipo de investigadores que trabaje por zonas y de manera sistematizada. Se puede hacer y es hora de que esa información se organice, se clasifique, y se pueda consultar".

Para Casanova, la petición de Garzón es el primer paso para "poner en marcha una especie de Comisión de la Verdad" al estilo de la que se hizo en Argentina, cuyo Gobierno, motivado por la petición de un fiscal, creó comisiones de la memoria para elaborar un censo de los desaparecidos de la dictadura. Un trabajo que continúa hoy y que recientemente trajo a España a un equipo de forenses para recoger muestras de ADN de familiares de víctimas y poder identificar cadáveres exhumados de fosas comunes argentinas. Con una diferencia: "El proceso de búsqueda de verdugos en España se resolvió en la Transición. Esto sería una retribución sentimental, para los familiares, la única y última reparación posible", añade el historiador.