Todos los partidos democráticos pactan el reconocimiento político a las víctimas

La Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, uno de cuyos puntos claves es que da "singular relevancia" al "significado político" de las mismas, tiene allanado el camino para su debate en el pleno del Parlamento, fijado ayer para el próximo día 19, con un grado de consenso que ahora mismo abarca a todos los partidos democráticos del PP hasta Aralar.

La ley se debatirá en pleno el día 19 y los grupos negocian aún las enmiendas

La Dirección de Víctimas elogia el esfuerzo de consenso desplegado

Si el alto nivel de acuerdo observado ayer en la Comisión de Derechos Humanos en el debate del dictamen elaborado en ponencia no se malogra hasta esa fecha, serán mínimos los flecos que lleguen a la sesión plenaria con forma de enmiendas. Ayer, el PSE se reservó sólo una, con muchos visos de desaparecer; el PP, 15 de las 46 que presentó, algunas también con posibilidades ya esbozadas en la reunión de ser transaccionadas, y Aralar, otras seis.

Todos los grupos, salvo EHAK, que no ha participado en la ponencia ni lo hizo ayer en la comisión, votaron a favor del dictamen, menos la parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, quien se abstuvo. Ezenarro mantuvo esa postura a la espera de que sustancie el compromiso del Gobierno, anunciado como tal por el portavoz de EA en la comisión, Rafael Larreina: redactar una segunda ley con medidas específicas para las víctimas "de otras vulneraciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política".

Esa norma añadida, a la que ayer se hizo mención por vez primera, daría, también en palabras de Larreina, "reconocimiento, reparación y protección" a esas "otras víctimas", pendientes aún de señalar.

La cuestión deriva del pleno monográfico sobre las víctimas del terrorismo del 5 de octubre pasado. En una resolución aprobada gracias a una sorpresiva abstención del PP, Aralar logró que la Cámara encargase al Gobierno dos informes: uno sobre las víctimas del terrorismo de grupos incontrolados, de extrema derecha y del GAL para ver hasta qué punto están resarcidas por la legislación, y otro sobre esas "otras víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política". En este caso se pedía también un estudio de medidas para su "reconocimiento moral y reparación".

El PP guardó silencio ayer, pero el socialista Jesús Loza advirtió de que su grupo no admite más víctimas que las reconocidas en el proyecto de ley debatido ayer. "Habrá más sufrimientos, pero víctimas sólo unas y en ese camino de equiparación no contarán con nosotros", anunció rotundo.

El informe está ultimado en el Departamento de Justicia, que dirige Joseba Azkarraga, de EA, y de hecho estuvo a punto de presentarse ayer mismo a la comisión. Se cayó finalmente del orden del día para evitar chispazos en el consenso por la coincidencia de ambos debates. Al amparo de ese informe, que la comisión conocerá en breve, Ezenarro exigió una segunda ley, específica para esas víctimas, como condición para retirar sus enmiendas a la que se votaba ayer.

Larreina le respondió en positivo y sostuvo que el Gobierno trabajará "sin dilación" en ello, pero la peneuvista Gemma González de Txabarri no se mostró tan explícita. Ezker Batua no está en la Comisión de Derechos Humanos, porque el puesto del Grupo Mixto lo ocupa Aralar.

Los grupos resolvieron seguir negociando hasta el pleno para transaccionar aún todas las enmiendas que sea posible, y fijaron una última reunión para dos días antes, el 17.

La Dirección de Víctimas del Terrorismo, dirigida por Maixabel Lasa, mostró su satisfacción a este periódico, lo mismo que hicieron el conjunto de los grupos por el esfuerzo de consenso desplegado en torno a la norma.