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miércoles, 2 de abril de 2008

México afronta la reforma energética ante el fin de sus reservas

La estatal Pemex carece de tecnología para nuevas prospecciones petroleras

Las reservas petroleras de México se agotan y el futuro energético del país se presenta sombrío si el Gobierno no toma medidas urgentes. En pocos años podría dejar de ser uno de los grandes exportadores de crudo, lo que acarrearía consecuencias tremendas para el mundo y, en particular, para Estados Unidos, uno de los grandes consumidores de petróleo mexicano.

La Constitución impide la inversión privada en el sector de hidrocarburos

Un informe elaborado por el Ejecutivo sobre la situación de Petróleos Mexicanos (Pemex) describe la grave situación del gigantesco monopolio estatal en los siguientes términos: México tendrá en los próximos años un déficit de 500.000 barriles de petróleo diarios, equivalentes a 14.000 millones de dólares anuales menos, si no recurre a la prospección de nuevos yacimientos a grandes profundidades de hasta 3.000 metros en aguas del golfo de México. Para ello, necesita tecnología punta, de la que Pemex carece y que sí está al alcance de grandes multinacionales extranjeras del sector, como Exxon Mobil, BP, Shell o Repsol-YPF.

El problema es que la mayoría de mexicanos, empezando por los políticos, rechazan la entrada de la iniciativa privada en el sector de hidrocarburos. Privatización es palabra maldita en México cuando se habla de la industria petroquímica, nacionalizada en 1939 por el general Lázaro Cárdenas. Después de dos décadas de liberalización económica, el petróleo está considerado como el último recurso del otrora poderoso Estado, es decir, la joya de la corona.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió la semana pasada a Pemex como "una diosa intocable", y propuso como alternativa a la privatización del petróleo una asociación entre Pemex y Petrobras para la exploración de nuevos yacimientos petroleros. Las alianzas de compañías petroleras estatales con empresas privadas o públicas son moneda común en muchos países petroleros. Menos en México, que, junto a Corea del Norte, son las dos únicas naciones en el mundo que tienen una Constitución que impide la inversión privada en exploración, explotación y refino de hidrocarburos.

El diagnóstico presentado por el Gobierno esta semana advierte de que sin el petróleo que duerme en aguas profundas, México verá reducida para el año 2021 su plataforma de producción en medio millón de barriles diarios. Según las proyecciones, al ritmo actual las reservas probadas alcanzarían sólo para poco más de nueve años, y la importación de gasolina, gas y petroquímicos iría en aumento. "Dado el tiempo de maduración de los proyectos en aguas profundas, los trabajos en esta región deben iniciarse ahora para evitar poner en riesgo la plataforma de producción del país", recomienda el informe.

Pemex necesita el apoyo de empresas especializadas para obtener tecnología y capitalizar un programa de expansión, declaró la secretaria (ministra) de Energía, Georgina Kessel, en la presentación del informe del Gobierno. Según la ministra, los problemas de Pemex no son sólo financieros, sino también operativos, tecnológicos y de capacidad de ejecución. Largos años de cerrojo al capital privado y de corrupción de dirigentes y sindicatos han alimentado un gigantesco monopolio, que sobrevive entre la ineficiencia y los números rojos. La empresa petrolera aporta el 68% de su facturación a las arcas del Estado. Por ello está en una posición económica extremadamente débil.

La controversia sobre la eventual apertura de la industria petroquímica al capital privado ha enrarecido el ambiente previo al inminente debate parlamentario de la reforma energética, una de las más esperadas, en la que está en juego la imagen de los principales partidos políticos, del Gobierno y del presidente Felipe Calderón. La polémica está desgastando al Ejecutivo antes de que ningún proyecto haya sido remitido al Congreso. De momento, quien ha llevado la peor parte es el actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, uno de los hombres más cercanos al presidente, que ha sido acusado de tráfico de influencias cuando ocupó el cargo de presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y de alto funcionario de la Secretaría de Energía.

El caso Mouriño y las supuestas veleidades privatizadoras del Gobierno han sido aprovechadas por el dirigente opositor Andrés Manuel López Obrador para recuperar parte del protagonismo perdido tras ser derrotado por estrecho margen en las presidenciales de julio de 2006. En las últimas semanas, el líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha recuperado terreno gracias a un tema tan sensible para la opinión pública mexicana como el petróleo, que le ha servido para desatar una nueva ofensiva contra el Gobierno del conservador Felipe Calderón, al que acusa de querer privatizar el principal recurso de México.

Al frente del llamado Movimiento Nacional de Defensa del Petróleo, López Obrador ha convocado a sus seguidores a participar en actos de resistencia civil, que incluirán cortes de carreteras, para impedir una reforma energética, que describe como golpe mortal a la soberanía nacional.

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