Dos padres afrontan una pena de 16 meses por empujar a unas profesoras
La fiscal les acusa de atentado tras una discusión por el pago de cinco euros
Al banquillo por cinco euros. Dos padres fueron juzgados ayer en Barcelona por una discusión verbal y unos empujones que supuestamente propinaron a unas profesoras del colegio al que acudía su hijo.
La fiscalía les acusa de un delito de atentado y solicitó sendas penas de 16 meses de cárcel para Juan Vázquez Amaya y Montserrat Márquez. La Generalitat, que ejerce la acusación particular en el proceso, elevó la petición de pena hasta los dos años de cárcel. Los acusados negaron lo ocurrido y sus abogadas pidieron la solución a la magistrada del Juzgado Penal número 17 de Barcelona.
Ocurrió el 11 de octubre de 2006, cuando el pequeño C., de cinco años, acudió al colegio público Eduard Marquina, en Barcelona, de la mano de su hermano, de 11 años. La directora del centro, María Dolores Cortadillas; la jefa de estudios, Gloria Zaragoza, y la conserje Carmen Prados le negaron la entrada porque sus padres no habían abonado los cinco euros mensuales del servicio de guardería extraescolar.
La fiscalía sostiene que, ante esa negativa, los padres se encararon con las profesoras y les profirieron frases como "ya te esperaré en la calle, te mataré" o se alentaban mutuamente entre ellos con expresiones como "pégala, mátala, ya te encontrarás en la calle". La discusión fue subiendo de tono, hasta que la madre agarró por el cuello y los brazos a la jefa de estudios, al tiempo que la zarandeaba y proseguían las amenazabas.
Ése es el relato del fiscal y lo que declaró ayer en el juicio la afectada, quien recordó también que la madre les dijo que les iban a romper las gafas y que "el niño va a entrar en el colegio por mi coño".
La madre ofreció una visión distinta. Reconoció que empujó a la jefa de estudios, pero precisó que fue porque ésta lo hizo primero con su hijo para impedirle el paso. También reconoció que no había pagado los dichosos cinco euros, aunque el padre declaró poco antes que sí. Según el hombre, no hubo insultos, ni frases amenazadoras. "Todo es mentira", sentenció.
La directora, por su parte, relató que la madre cogió al niño como "un escudo humano" y que intentaron evitar que entrara, pero negaron que el menor cayese al suelo, como sostuvo el padre. "Me sentí amenazada por esos padres", puntualizó.
Quien no acudió al juicio fue la conserje. Desde que ocurrieron los hechos sufre una ansiedad que le impide trabajar, después de que aquel día tuviera que escuchar también amenazas de muerte muy duras, según la fiscalía. Ha pasado ya más de un año y la jefa de estudios también ha estado de baja hasta hace unos días.
Las agresiones físicas o verbales a los maestros son un ataque a "los pilares esenciales y fundamentales de la sociedad", dijo la fiscal en su informe para justificar su petición de condena.
La orden de Mena
Una de las últimas instrucciones que cursó José María Mena a sus fiscales antes de jubilarse, en diciembre de 2006, fue que acusaran por un delito de atentado cuando hubieran agresiones a profesores o a personal sanitario. "Personifican y garantizan el disfrute efectivo del derecho a la educación o a la salud", dijo, y por eso debían ser protegidos con la ley.
Días después de esa instrucción, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, actuó en esa misma línea y ahora existen diversos abiertos.
El juicio de ayer es el primero que se celebra en Cataluña por ese motivo. El delito de atentado del artículo 550 del Código Penal, que prevé penas de uno a tres años de cárcel, sólo se aplicaba hasta ahora en el caso de agresiones a funcionarios de policía.
