Multas a quien riegue con agua de boca a partir del 13 de marzo
Un plazo de 30 días es el que se ha establecido antes de multar por mal uso de agua potable. La Entidad de Medio Ambiente (EMA), que agrupa a los 33 municipios del área metropolitana de Barcelona, no sancionará el incumplimiento de las normas que supone la situación de emergencia 2 hasta el 13 de marzo. Esta situación, que limita el agua de boca al abastecimiento doméstico, fue decretada el pasado lunes por la Generalitat. Pero el Ayuntamiento de Barcelona, que el miércoles seguía regando las calles con agua de boca, se librará de la multa. Igual pasará con los ciudadanos y las empresas afectados por las restricciones.
El presidente de la EMA, Francesc Narváez, atribuyó esta dilación a lo "inédito" de las circunstancias, pese a los 11 meses que los embalses llevan en nivel crítico y durante los cuales el agua no ha hecho sino mermar. La EMA no inició hasta ayer los trámites para dotarse de capacidad sancionadora ante el mal uso de agua potable. Ahora necesita esperar los 30 días que estipula la ley antes de aplicar el reglamento. A efectos legales, el decreto de la Generalitat se aplicará con cinco semanas y media de retraso.
Multas de 3.000 euros
El borrador de la medida recoge sanciones que van desde 30 hasta 3.000 euros. La cantidad variará en función del volumen de agua derrochada y de la reincidencia, que, al margen de incrementar el precio de la multa, podrá comportar el precinto de la instalación. Se perseguirá especialmente el uso de agua potable para piscinas y para regar jardines. La vigilancia para que se cumpla la norma correrá a cargo de policías locales, mossos d'esquadra e inspectores municipales.
Los ayuntamientos utilizarán sólo agua freática para regar y baldear. Narváez apuntó que el consistorio de Barcelona medita ceder este recurso hídrico a los vecinos. Esta agua, sin embargo, apenas alcanza a cubrir el 50% de irrigación de la ciudad, según declaró el pasado miércoles la responsable del Instituto de Parques y Jardines, la teniente de alcalde de Barcelona Imma Mayol (ICV). El comité de empresa de Parques y Jardines también manifestó su preocupación por el abuso de este recurso "como si nunca fuera a agotarse", según un portavoz de los trabajadores.
Narváez, que admitió dificultades para localizar a los ciudadanos que infrinjan la norma, insistió en que el objetivo de las autoridades es "que nadie derroche agua potable, no imponer sanciones".
