Trabajo no entrega a la Sindicatura la documentación de Movilma
La Sindicatura de Cuentas tiene que investigar, por mandato parlamentario, si el grupo de empresas Movilma, propiedad de militantes socialistas, hizo un buen uso de las subvenciones que le otorgó la Unión Europea para impartir cursos a parados. Pero no puede porque el Departamento de Trabajo, que le debe remitir la documentación, no se la envía, y eso que la Sindicatura así se lo requirió en dos ocasiones. En Trabajo, en manos del PSC, las cartas no aparecen en el archivo, o al menos eso aseguran. El organismo fiscalizador, por tanto, se vio obligado a entregar el pasado lunes al Parlament su informe sobre la gestión de estos cursos en tiempos de Convergència i Unió, pero sin incluir los expedientes correspondientes a Movilma.
Trabajo sostiene que nunca ha recibido la petición de información
Este entramado de empresas -investigadas por una serie de contratos que les adjudicó el Ayuntamiento de Barcelona- percibieron del Departamento de Trabajo un total de 460.225 euros de subvención para formar a parados. Esto es todo lo que la Sindicatura ha podido aclarar.
El pasado jueves en el Parlament el PP y CiU reclamaron que la Sindicatura insistiera sobre este caso. Obtuvo el voto contrario de las tres formaciones de izquierda (PSC, ERC e ICV). Los republicanos -pese al silencio cómplice de los socialistas- comentaron que la Sindicatura lo deberá hacer porque tiene que ampliar los casos bajo objeto de investigación judicial y ahí, en su opinión, está incluido Movilma. Pero este caso ya fue archivado por la justicia. Ahora debe ser la Sindicatura la que aclare si sigue con la investigación de los cursos de Movilma.
El líder de Unió Democràtica, Josep Antoni Duran Lleida, defendió ayer la buena gestión del Departamento de Trabajo de la Generalitat entre 1991 y 2001, periodo repleto de irregularidades, según la Sindicatura. "Además, lo mismo que la Sindicatura dice del Departamento de Trabajo, lo dice del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat". El detalle que Duran obvió fue que la Generalitat gestionó el 87% de los fondos sospechosos, mientras que los ayuntamientos apenas controlaron el 10% de éstos.
