Siniestralidad viaria
El sistema institucional en que vivimos hace difícil que la opinión pública sepa en cada momento a quien pedir cuentas o quedar reconocida por la gestión política de lo común. Disponemos, en cualquier caso, de una administración más cercana, la Xunta, sobre la que se puede hacer que recaigan responsabilidades concentradas, sea de quien sea la titularidad de la competencia correspondiente. Al fin y al cabo, como institución representativa del autogobierno del país, tendrá que hacerlo en todas sus dimensiones, para todos los asuntos: como ejecutora de las competencias propias y vigía de la ejecución de las ajenas. No tiene la opción de desentenderse de nada de lo que aquí se hace o se deje de hacer.
La gente quiere que se reduzcan las muertes en la carretera, y no le importa el color del guardia
Ese cierto sobrepeso que se cuelga sobre las instituciones autonómicas podría considerarse injusto, pero no es así. Al contrario, las refuerza. Porque a la ciudadanía no siempre le interesa tanto el saber quién tiene que hacer tal cosa, como tener la confianza en que hay alguien que asegura que se haga. Y en este juego de confianzas, las administraciones más cercanas llevan todas las de ganar en términos de reconocimiento, precisamente por su visibilidad. Eso es lo que demuestra la experiencia autonómica: cuando los gobiernos de las comunidades asumen con decisión su papel, ya digo que tanto de gestor como de garante, se afirman como una referencia institucional fuerte.
Para la opinión pública no todo es cuestión de competencias. Y sin oponerse a que su gobierno más cercano asuma la mayor cantidad posible de ellas y que éstas lo sean en plenitud, no le gusta que la disputa por su titularidad se convierta en prioridad absoluta, hasta el punto de tensionar las relaciones entre administraciones. Y menos que, mientras la discusión se orienta o desorienta de esa manera, no sean bien atendidos los asuntos que deberían serlo. Es obvio que el interés del personal, al final, queda limitado a esa buena atención.
Esto último es lo que comienza a suceder en Galicia con la reclamación de la competencia administrativa en materia de tráfico. A casi nadie le parece mal reclamarla. El Parlamento lo proclamó unánimemente. Pero el infortunio de que mientras se discute sobre ello se conozca que en Galicia, contra lo que sucede en casi todo el resto de España, no se logra hacer retroceder la siniestralidad viaria, debe alertar a las administraciones, tanto a la central como a la autonómica, de que la opinión pública gallega tiene una prioridad distinta de la suya, y es reducir las muertes en la carretera, cualquiera que sea el color del uniforme del guardia que se ocupa de ello.
Y no menos avisadas han de estar de que, puesto que al elector, aunque sea en distintos momentos, se le pide el voto para una y para la otra, por lo que ambas le resultan propias, no suele agradarle que una se justifique por la otra y la otra por la una, para que al final quede la casa por barrer. Al contrario, lo que le gusta es que se perciba una perenne voluntad de colaboración entre ellas, conjuradas en el objetivo definitivo de servir a su interés, y que barran la casa, aunque no dejen de discutir de quién coño es la escoba.
Pues bien: en materia de tráfico, que es en la que ahora confluyen todas estas situaciones que apunto, tarda ya el momento en que, sin dejar de hablar de la titularidad de las competencias, si quieren, la Xunta y el Gobierno de España compartan un plan de acción conjunto para la reducción de la siniestralidad. Y proponerlo sería bueno que fuese una iniciativa de la Xunta. Y que se procurase la incorporación al mismo de otras entidades públicas y privadas, que crean tener algo que decir al respecto, como lo son principalmente los ayuntamientos, que también tienen competencias en la regulación y fiscalización del tráfico rodado. Y para mí, con la Xunta como garante, ofreciéndome la garantía de una representación institucional cercana y fuerte. De la titularidad de la competencia pueden seguir hablando.
