El ex alcalde de Gaucín, inhabilitado para siete años por malversación y prevaricación
La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado al ex alcalde de Gaucín (Málaga, 1.900 habitantes), Francisco Corbacho, del Partido Andalucista, a siete años de inhabilitación para cargo público y multa de 2.700 euros como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación. La Audiencia considera probado que Corbacho, de 57 años, y alcalde desde 1999 hasta las pasadas elecciones municipales, se apoderó entre diciembre de 2002 y enero de 2003 de unos 200.000 euros de los fondos municipales aprovechando la ausencia del secretario-interventor municipal. Corbacho devolvió posteriormente el dinero a las arcas del Ayuntamiento gracias a la ayuda que le prestaron familiares y amigos.
Corbacho aprovechó las vacaciones del interventor para sacar de las cuentas municipales de las entidades Unicaja y Cajamar cantidades de entre 10.000 y 22.000 euros para la "adquisición de terrenos de gran interés municipal" en la sierra del Hacho. Corbacho acudía a las entidades con cheques al portador sin la firma del interventor municipal y, una vez sacado el dinero, lo guardaba en su domicilio.
El ex alcalde alegó que sacó los fondos debido a la urgencia que tenía de adquirir esos terrenos de interés para el municipio. Sin embargo, la sala rechaza esta excusa ya que ni existía un expediente en el Ayuntamiento sobre la compra de la finca, ni el terreno estaba tasado, ni la junta de gobierno local tenía conocimiento de esta compra. Además, el intermediario en la venta de los terrenos negó en el juicio que los propietarios exigieran a Corbacho un anticipo o el pago inmediato de la finca. Esta declaración y el hecho de que el ex regidor tuviera que pedir dinero a sus allegados para reintegrar a las cuentas el importe extraido hace deducir a la sala que Corbacho "había dispuesto del dinero dándole un uso ajeno a la función pública".
Tras conocer el desvío de fondos, el interventor municipal acudió directamente a la Fiscalía. La noticia hizo que los cuatro concejales de la oposición pidieran la celebración de un pleno extraordinario para que Corbacho y el tesorero municipal informaran sobre los hechos. El alcalde, que tenía obligación de convocarlo, se negó verbalmente, por lo que tuvo que ser la secretaria en funciones quien aplicara la Ley de Bases de Régimen Local. En la sesión plenaria, celebrada el 17 de marzo de 2003, el alcalde tomó la palabra durante diez minutos y luego levantó la sesión, ordenando a la Policía Local que desalojara el salón de sesiones. Una semana antes, Corbacho se había negado a aportar la documentación que le solicitó la oposición alegando que era muy voluminosa.
Por esta actuación, Corbacho ha sido condenado por un delito de prevaricación. El ex alcalde anunció durante un receso de la vista oral que si resultaba condenado recurriría la sentencia ante el Tribunal Supremo.
