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Reportaje:

30 años en el olvido

La familia de un joven malagueño será indemnizada al fin por su asesinato

Treinta años después del asesinato nunca aclarado, en pleno centro de Málaga, de José Manuel García Caparrós, su familia está a punto de que se le reconozca al fin un derecho a algo. "No sé por qué jamás en la vida hemos tenido nada", se lamenta Loli, la menor de las tres hermanas del joven malagueño de 19 años abatido por una bala durante la manifestación del 4 de diciembre de 1977 para reclamar la autonomía para Andalucía, uno de los episodios más oscuros de la Transición. El joven intentaba colocar una bandera andaluza en un céntrico edificio malagueño.

PSOE e IU han reaccionado ahora a tiempo para evitar lo que Rosa Burgos ha llamado la segunda muerte de José Manuel García Caparrós, su exclusión de la Ley para la Memoria Histórica. Burgos, que es secretaria judicial, publicó hace unos meses un libro (La muerte de García Caparrós en la transición política) en el que revelaba las deficiencias de una investigación judicial realizada sin ningún interés por aclarar la verdad. "No se aclaró quién mató a García Caparrós porque no se quiso", asegura Burgos, cuya investigación ha permitido aclarar, por ejemplo, que el calibre de la bala era el usado por la entonces policía nacional.

En 1978, el equipo 4 de diciembre, dirigido por el periodista Juan de Dios Mellado, planteó en Morir por Andalucía una larga lista de interrogantes que pesan sobre este crimen.

La Ley de la Memoria Histórica reconoce el derecho a compensar a quienes fueron perseguidos durante la dictadura o en la Transición por defender derechos y libertades entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977. Por tanto, García Caparrós quedaba excluido de esa norma.

El PSOE, de acuerdo con IU, presentará en el Senado una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2008 de forma que el plazo para la percepción de ayudas económicas sea ampliado hasta el 15 de diciembre de 1977, día del asesinato del estudiante canario Javier Fernández Quesada. Las hermanas García Caparrós podrán así tener derecho a la ayuda de 135.000 euros que contempla la ley.

Loli García Caparrós lamenta que las ayudas no llegaran a su casa cuando realmente eran necesarias, tras la muerte de su hermano, que iba a cumplir 19 años y había empezado a trabajar en Cervezas Victoria para ayudar a una familia que vivía de la modesta pensión del padre. Paqui tuvo que ponerse a trabajar, y Loli dejó los estudios para cuidar a su madre, que cayó gravemente enferma al poco del asesinato de su hijo José Manuel. "Nunca vino nadie a ver si necesitábamos algo", lamenta. En dos ocasiones pidió ayuda económica como víctima del terrorismo, pero le fue denegada.

Recuerda que durante 20 años nadie se acordó de su hermano, y que no fue hasta 1997 cuando hubo algunos intentos de recuperar su memoria, lo que agradece en especial a Izquierda Unida. En 2002, José Manuel García Caparrós fue nombrado hijo predilecto de Málaga. Loli, que ahora regenta una cafetería con su hermana en Fuengirola, dice que si por algo quiere la ayuda es por adquirir un nicho propio para su hermano y sus padres, cuyos restos están ahora en un huesario.

El Ayuntamiento donó la tumba donde fue enterrado García Caparrós, pero la familia lo sacó de allí porque no le dejaron meter en él a los padres.

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