La investigación de la red de corrupción de Madrid se extiende a 14 personas más
El juez ha enviado a prisión a seis implicados y ahora estudia los expedientes
La trama de corrupción (Operación Guateque) que afecta a funcionarios del Ayuntamiento de Madrid se extiende. No afecta sólo a las 17 personas ya detenidas, la mayoría funcionarios del Ayuntamiento acusados de recibir dinero a cambio de agilizar licencias. Otras 14 personas están siendo investigadas por su presunta relación con la red, según han asegurado fuentes de la investigación. El juez ha enviado a prisión a seis personas (cinco de ellas funcionarios), y ha dejado en libertad a nueve implicados, algunos con cargos.
El PP acusa al PSOE de haber colocado 'por enchufe' al jefe de la trama
El juez Santiago Torres interrogó ayer a otros cuatro implicados, de los que dejó a tres en libertad e impuso una fianza de 3.000 euros a la funcionaria de la Junta del Distrito de San Blas Sara López Moreno. A falta de otras tres personas que aún no han desfilado ante el juez, éste ha enviado a prisión al supuesto cabecilla de la trama, Victoriano Ceballos Fernández, así como a Joaquín Fernández de Castro, Santiago Castillo Morales, Antonio Sanz Escribano y Carmen Eulalia Ibáñez Martínez. La identidad del sexto preso no ha sido facilitada. Esta semana está previsto que pasen ante el juez, entre acusados y testigos, un total de 25 personas.
Las pesquisas continúan y, además de los 17 que por ahora han sido detenidos (entre los que no se encuentra la funcionaria del departamento de Medio Ambiente M. A. D. L., a quien sólo citó como testigo), se investiga a otras 14 personas, cuyas identidades y cargos no han sido facilitados. La cifra irá en aumento según se vayan purgando los 185 expedientes sobre concesión de licencias bajo sospecha. Los documentos fueron obtenidos en los 16 registros practicados, seis de los cuales afectaron a departamentos municipales.
La operación ha supuesto una nueva gresca política en el Ayuntamiento de Madrid. Si la semana pasada era el PSOE el que insistía en que el alcalde madrileño, Alberto Ruiz Gallardón, debía asumir responsabilidades, ayer fue el PP el que replicó, con el funcionario Victorino Ceballos como arma arrojadiza. El PSOE acusó al PP de haber permitido que Ceballos siguiera en su cargo pese a haber sido investigado por delitos similares en 1996. El PP contestó que Ceballos llegó al Ayuntamiento en 1980 de la mano de su cuñado, el entonces edil socialista de Personal, Saturnino Zapata, que por libre designación terminó nombrándolo Jefe de División.
En septiembre de 1996, el Ayuntamiento, ya dirigido por el popular José María Álvarez del Manzano, le abrió un expediente por la desaparición de documentación en la Junta de Moratalaz-Vicálvaro. Durante la tramitación de dicho expediente se incorporó otra denuncia por falsedad en licencias de actividad presentada por dos particulares que llegaron a acusar a Ceballos de haber ido hasta su domicilio para entregarles las licencias.
Según explicó ayer el concejal de Economía, Miguel Ángel Villanueva, el departamento de Personal decidió remitir la denuncia al fiscal, por lo que el Ayuntamiento paralizó el expediente administrativo a la espera de la resolución judicial. Ceballos fue suspendido temporalmente. La causa fue archivada en 2001 porque no se incorporaron a la denuncia los documentos supuestamente falsos que tramitó Ceballos. O sea, las licencias. El Ayuntamiento recurrió el sobreseimiento de la causa, pero se desestimó. Ceballos volvió a su puesto de trabajo.
Los socialistas insistieron en que ya avisaron en 2004 de que había 2.800 licencias irregulares y que el alcalde lo sabía porque estas denuncias las llevaron al Pleno, según David Lucas, portavoz municipal del PSOE.
