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jueves, 15 de noviembre de 2007

La Xunta lleva la paralización de la vía del Salnés al juez

La alcaldesa de Sanxenxo (PP) desalojó a los obreros

Lejos de forzar una nueva negociación con Política Territorial, el Ayuntamiento de Sanxenxo, en manos de la popular Catalina González, podría tener que explicar ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Pontevedra la orden de desalojo que el pasado lunes aplicó a los operarios que trabajan en el desdoblamiento de la vía rápida de O Salnés. Así lo anunció ayer el secretario general de la consellería, Luis Vázquez, quien reiteró la negativa a financiar el acceso desde la autovía al parque empresarial de Nantes.

El departamento de María José Caride mantiene que se trata de un polígono de iniciativa privada por lo que tendrán que costear el enlace los beneficiarios de las plusvalías que genere ese suelo. En esa línea solicitará al juez entre hoy y mañana la adopción de medidas cautelares para continuar las obras ante lo que consideran es una "extralimitación" de la regidora.

Vázquez hizo un llamamiento a Catalina González para que recapacite y le recordó que en mayo de 2006 se consignaron los importes de las expropiaciones y, en todo este tiempo, no ha habido recurso alguno. Señaló que la titularidad de los terrenos no es relevante, ya que existe un fondo aportado por Política Territorial en el depósito de garantía, de forma que sea quien sea el propietario de esos 23.000 metros cuadrados se verá compensado por la expropiación.

Entre tanto, los empresarios instan a ambas instituciones a que alcancen un acuerdo y pueda ponerse en marcha este polígono, prácticamente urbanizado, que prevé la creación de 5.000 puestos de trabajo. Además, han dejado constancia de su "indefensión", ya que, recuerdan, cedieron ese suelo, como permuta para financiar los gastos del entronque. De la situación actual culpan a Salnés UTE, porque afirman que era conocedora de la construcción del enlace desde un principio.

Para la alcaldesa de Sanxenxo la solución pasa necesariamente por que la Xunta costee la vía de acceso, si bien la administración local está dispuesta a poner 450.000 euros para desarrollar la rotonda inferior, nexo entre la vía rápida y el polígono, así como las expropiaciones que sean necesarias para llevarlo a cabo. González detalló que existía un borrador de convenio entre el ex alcalde, Telmo Martín, y la anterior consellería. Ese acuerdo era verbal, ya que nunca llegó a firmarse.

Residentes en Castroagudín (Vilagarcía de Arousa) reivindicaron ayer desde la tribuna de invitados del Parlamento

una pasarela que una las dos partes en las que la Variante de Vilagarcía divide la aldea. El PP se unió a su demanda y la conselleira de Política Territorial, María José Caride, culpó del problema a la anterior Xunta.

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