Empresas contaminantes sin permiso

Apenas 15 de las 300 empresas más contaminantes de Euskadi han cumplido dentro del plazo reglamentario establecido la obligación de adaptarse a la nueva normativa ambiental impuesta por la Unión Europea. El pasado 31 de octubre era el último día para que dispusiesen de la Autorización Ambiental Integrada, un permiso que endurece los requisitos actuales y fija unos niveles máximos de emisiones, vertidos y otros índices que miden la contaminación para cada fábrica en función de su ubicación y su sistema de producción. La carencia de esta autorización supone, según esta nueva legislación, el cierre automático de la empresa.

Cuarenta firmas ni siquiera han enviado los datos pedidos en 2006

Todavía más preocupante, como admite la propia consejería de Medio Ambiente, es que unas 40 compañías ni siquiera han enviado la información requerida, trámite que debían haber formalizado antes del pasado 1 de enero. "Lo van a tener muy complicado", destacó un portavoz de Medio Ambiente. Estas empresas han hecho caso omiso al requerimiento de apremio que les remitió la consejería poco antes de la fecha límite en octubre.

El requisito de disponer de la nueva autorización ambiental afecta en toda España a más de 5.000 empresas. La situación en el conjunto del país no es mucho mejor que en Euskadi, según Medio Ambiente, por lo que cree muy factible que el Gobierno central apruebe una moratoria para permitir la adaptación a la nueva directiva europea.

La consejería achaca los retrasos de las empresas en la presentación de los expedientes a la "confusión generada por el anterior Gobierno". El Ejecutivo central traspuso en 2002, bajo mandato del PP, una directiva europea de 1996 para prevenir la contaminación. Entonces incluyó una disposición adicional que permitía a las empresas seguir funcionando desde el 31 de octubre de 2007 sin la autorización en caso de que hubieran presentado la documentación a las distintas administraciones.

El actual Gobierno socialista quiso derogar esta disposición en la nueva ley de Calidad Ambiental, tramitada a finales de octubre en el Congreso, para cumplir fielmente la directiva europea, lo que supondría la ilegalidad de las firmas que no dispusiesen de la autorización ambiental el 31 de octubre. Finalmente, no se ha incluido, con lo que está en vigor la que permite la moratoria de hecho.

En Euskadi, sólo 15 de las empresas implicadas cumplen ahora con la legalidad. Otras 40, según los datos de la consejería, se hallan en la última fase de los trámites para lograr el permiso.

En un segundo bloque se hallan las firmas que han enviado la información complementaria que les requirió el Gobierno, que suponen un 40% del total (cerca de 120 compañías). La consejería destaca la respuesta de gran parte de ellas, "que han reaccionado muy bien al último requerimiento". Un tercer grupo (un 25% del total) ya ha comunicado a Medio Ambiente que enviará la documentación.

Lo más negativo es ese cerca del 15% que no ha enviado ninguna información relevante para tramitar el permiso, pese a que el proceso empezó a desarrollarse en 2006. El departamento será inflexible con quien se resista a cumplir la directiva comunitaria: "Como no lleguen a tiempo están abocadas al cierre".

La autorización ambiental endurece significativamente los requisitos actuales. Ahora se protege el agua, el suelo y la atmósfera de forma independiente, fijando niveles máximos de emisiones en cada ámbito. La nueva regulación plantea una visión integral, al incluir todos los impactos ambientales y reunir en una sola todas las autorizaciones, que en estos momentos otorgan de manera separada las distintas administraciones. A cada industria se le imponen unos límites de emisiones o vertidos individualizados, según su emplazamiento, sistema de producción o los riesgos existentes.

Las compañías deben aportar información, junto a los límites de emisiones y vertidos, sobre la gestión de sus residuos, las medidas que garanticen la minimización de la contaminación y los sistemas para tratar y controlar emisiones y desechos.

La autorización incluye un certificado municipal que acredite que se adapta al plan urbanístico, que sustituye a la actual licencia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y será vinculante para el consistorio. Su vigencia es de ocho años, aunque puede revisarse.