La juez ordena embargar 1.823 millones a tres directivos de Afinsa para cubrir la estafa

El Juzgado Mercantil número 6 de Madrid ha ordenado el embargo preventivo a tres consejeros de Afinsa de 1.823 millones de euros, la misma cantidad a la que asciende el agujero patrimonial de la sociedad filatélica. La juez Purificación Pujol observa "indicios" de que Juan Antonio Cano Cuevas, Carlos de Figueiredo y Vicente Martín Peña puedan ser declarados culpables en la insolvencia de la empresa, cuyos activos sólo ascienden a 613 millones de euros frente a unas deudas de 2.436 millones. Los casi 200.000 afectados por la presunta estafa reclaman que les devuelvan su dinero.

El juzgado ha decidido que se embargue por una "cantidad igual" al importe del agujero patrimonial de Afinsa, ya que, si los administradores son considerados culpables, "podrían ser condenados a pagar todo o parte de los créditos no satisfechos en la liquidación", es decir, 1.823.521.966 euros. Como los activos de Afinsa "no resultan suficientes" para cubrir esta cantidad, la juez dictó en un auto estas medidas cautelares sobre los bienes y cuentas corrientes del ex presidente de Afinsa Juan Antonio Cano Cuevas, también propietario del 50% de la empresa; el consejero delegado, Vicente Martín Peña, y el consejero Carlos de Figueiredo, también ejecutivo de Escala Group, filial en EE UU de la sociedad filatélica.

De acuerdo con el auto, la situación de déficit patrimonial de Afinsa, con cerca de 200.000 clientes, pudo ser provocada por la mala gestión de sus administradores, que serían considerados "culpables" por "irregularidades contables", "descapitalización", "agravamiento" del mal estado económico de la empresa o dejación a la hora de solicitar el concurso de acreedores.

El escrito de la juez también habla de "una apariencia de operaciones irregulares" entre distintas sociedades del grupo, "a las que (Afinsa) dotaba de fondos, hacía préstamos y avalaba de forma casi continua". Asimismo, recuerda las transacciones realizadas entre Afinsa y su filial inmobiliaria Oikia Real Estate SLU, "a la que se aportaron importantes y numerosos inmuebles hasta entonces propiedad" de la sociedad filatélica, para que, después, la inmobiliaria se los arrendase a Afinsa, como una posible manera de "descapitalización injustificada" del dinero que los clientes depositaban mediante sus contratos de compraventa de sellos.

De todo ello "se derivan irregularidades presuntamente suficientes para fundamentar la obligación de los administradores de Afinsa de solicitar la declaración de concurso por insolvencia" que, no obstante, ya fue pedido de forma necesaria por tres clientes menores de edad representados por el bufete Osorio&Asociados.

Según estima la juez, "las irregularidades contables y el retraso en la solicitud de concurso pueden imputarse directamente a los administradores legales, ya que estas conductas constituyen un incumplimiento de los deberes" de Cano Cuevas, Martín Peña y Figueiredo, consejeros de la entidad durante los dos últimos años e imputados por la Audiencia Nacional por delitos de estafa.

Sin embargo, pese a las peticiones de la administración concursal -encargada de repartir los bienes entre los acreedores-, la juez no admite el embargo contra el secretario no consejero del consejo de administración Joaquín José Abajo Quintana, pese a haber sido director general corporativo, asesor jurídico, representante de la compañía y fundador de Oikia Real Estate SLU. Osorio&Asociados ha indicado que recurrirá el auto al considerar un "error grave" que no se hayan incluido los bienes de Abajo Quintana y del propietario de la mitad del capital social de Afinsa, Albertino de Figueiredo, en la ejecución del embargo. El bufete ya ha pedido que esta medida se dirija también contra el ex consejero honorífico Tomás Olalde, ex socio del despacho de abogados Cuatrecasas.

El auto generó ayer reacciones dispares entre los colectivos de perjudicados por la presunta estafa. El portavoz de la Confederación Española de Afectados de Fórum y Afinsa (Ceafa), Francisco Berzosa, aseguró no tener "ninguna confianza" en que los más de 1.800 millones embargados sirvan para compensar a las víctimas. "La trampa está servida. Hacienda es la primera que va a cobrar", agregó Berzosa.

La presidenta de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu), Isabel Ávila, consideró que "es positivo todo aquello que sea tomar medidas para que los afectados de Afinsa puedan cobrar al final un porcentaje más alto sobre el dinero que tenían invertido". A juicio de Ávila, esta decisión judicial no guarda relación con la manifestación multitudinaria que, el pasado sábado 29 de septiembre, protagonizaron los afectados en Madrid.