La Audiencia critica al Gobierno por hacer leyes sin poner los medios

La Junta de Jueces de la Sección Penal de Madrid -formada por 52 magistrados, que se encargan de juzgar los crímenes más graves que se producen en la región- está que trina. La causa, el colapso de asuntos que azota a estos tribunales: ahora registran un 60% más de asuntos que hace cinco años. Los magistrados, presididos por Francisco Vieira, han elaborado un informe en el que exigen medidas urgentes para paliar la sobrecarga laboral que soportan. En ese informe arremeten, sin mencionarlo, contra el Gobierno: "Resulta muy fácil tener una de las justicias con más garantías de la Unión Europea aplicando un sistema tan simple como imprimir boletines oficiales del Estado, sin acompañar las reformas sustantivas y procesales de la dotación de personal judicial imprescindible que las materialice".

El informe señala que la actual "saturación y bloqueo" que sufre esta instancia judicial "era previsible a tenor de los datos relativos al contexto socioeconómico de la Comunidad de Madrid en los últimos tiempos". Los jueces añaden: "El aluvión de población inmigrante en los últimos años y, en especial, la circunstancia de que ello fuera aprovechado por grupos y bandas organizadas para perpetrar delitos en nuestra circunscripción jurisdiccional, auguraba un aumento de los asuntos penales que la realidad se ha encargado de confirmar".

Los jueces lamentan que el ingreso de asuntos de los últimos cinco años sea un 60% más "y que el número de magistrados no se haya incrementado de forma efectiva y real en los años precedentes". Ahora mismo tocan a doce resoluciones por juez y semana. Y si tienen que ausentarse por algún motivo, a la semana siguiente tienen sobre la mesa el doble, 24.

Entiende que, para paliar los efectos perversos de esta situación deben adoptarse con urgencia tres medidas: una, dotar de inmediato a las 13 secciones existentes de un quinto magistrado; segunda, que se creen nueve secciones penales más, aparte de las 13 ya existentes. Afirman que esa cifra de nueve secciones más la ha expuesto el propio Consejo General del Poder Judicial en el informe que ha elaborado sobre la carga de trabajo de la Sección Penal de la Audiencia. Y la tercera medida que demandan los jueces es "que se inste a las instituciones pertinentes la agilización de la reforma de la Ley Procesal Penal, tan anunciada como siempre postergada".

Lo que quieren es "una reestructuración a todos los niveles de los recursos en el proceso penal"; es decir, que no sea posible recurrir, como ocurre en este momento, todas las decisiones que toman los jueces de instrucción. La forma en que está configurada la actual legislación permite "repetir en la segunda instancia (...) el juicio celebrado en la primera".

"Estimamos urgente", añaden en el informe, "una modificación del sistema de admisión a trámite de los recursos de apelación, ya que en muchos casos se recurre con absoluta falta de motivación y de razón con respecto a delitos claramente flagrantes". Los magistrados apostillan: "Resulta totalmente incomprensible que magistrados de una Audiencia Provincial con más de 15 años de profesión se dediquen a revisar en apelación sentencias de juicios de faltas relativas a injurias o peleas de vecinos. Y encima que las supervisen visionando el juicio de faltas en su integridad en la segunda instancia".