Una concejal exculpa a Oña en el caso de Fuengirola Televisión

La concejal de Urbanismo de Fuengirola (Málaga), Ana Mula (PP), exculpó ayer a la alcaldesa y diputada Esperanza Oña, de permitir al director de la televisión municipal, José Manuel Díaz, facturar con sus agencias de publicidad 207.000 euros al consistorio en sólo dos años. A pesar de ello, Mula, que declaró como testigo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), admitió que "muy probablemente" Oña participó en la elección de Díaz, con quien mantiene una relación.

La actual concejal de Urbanismo y consejera delegada de Fuengirola Televisión en 2001, Ana Mula, libró ayer a la alcaldesa Esperanza Oña, imputada de prevaricación y tráfico de influencias en la causa, de la peliaguda autorización para contratar a José Manuel Díaz. El director de la televisión municipal facturó al Ayuntamiento en sólo dos años hasta 207.000 euros con sus dos empresas de publicidad, pese a su condición de empleado público, situación que en principio constituiría una vulneración de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Mula compareció ayer ante la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJA, presidida por el magistrado Jerónimo Garvín, que juzga la causa al ser Esperanza Oña aforada.

La edil declaró que el nombramiento de Díaz en 2001 estaba dentro de sus competencias, y que éste le comunicó la existencia de su empresa de publicidad GAP Producciones, pero que desconocía la existencia de Comunicación Integral Andaluza (CIA), segunda empresa creada por Díaz para elaborar folletos y carteles destinados a diversas concejalías del consistorio malagueño.

La compatibilidad de Díaz para facturar trabajos publicitarios nunca fue aprobada por el pleno municipal, tal y como estipula la ley. En su comparecencia el pasado julio, Oña declaró que Mula concedió la compatibilidad a Díaz como consejera delegada de Fuengirola Televisión. La concejal confirmó ayer la primera versión de la regidora. Además, la alcaldesa confirmó en dicha declaración que firmó "ciertas facturas" emitidas por las empresas de Díaz, porque los concejales "estaban ausentes". En la querella presentada por el PSOE, están implicados por prevaricación cinco de los nueve concejales del equipo de Gobierno, otros dos ediles y dos ex concejales, además del director de la televisión, José Manuel Díaz Rincón.

Junto a Mula, ayer declaró asimismo como testigo M. G., ex mujer de Díaz, y que figuraba como administradora de la empresa CIA, creada en 2003. La ex pareja de Díaz declaró al juez instructor que el director de Fuengirola Televisión creó CIA para lograr ventajas fiscales, ya que su primera empresa de publicidad, GAP, facturaba por aquel entonces grandes cantidades de dinero al consistorio.

La testigo M. G. declaró que no estuvo involucrada en la gestión de la empresa, y que únicamente aceptó figurar al frente de CIA porque llevaba 13 años unida sentimentalmente a Díaz. La ex mujer de Díaz declaró que desconocía que existiera una relación contractual entre Comunicación Integral Andaluza y el Ayuntamiento. Asimismo, negó haber concedido poder alguno a Díaz, excepto el poder para realizar transacciones bancarias.

"Nunca intervine en la elaboración de presupuestos y transacciones de ningún tipo", manifestó. A pesar de que la ex mujer de Díaz no gestionó el día a día de la empresa según su declaración, CIA cobró 107.000 euros al Ayuntamiento por trabajos publicitarios sólo durante 2003. M. G. alegó que sólo conoció dichos cobros en 2004.

Para aclarar la situación de Díaz respecto al consistorio, el juez solicitó este pasado verano al Ayuntamiento el certificado de su nombramiento como director de Fuengirola Televisión y del carácter y titularidad de dicha sociedad, de capital íntegramente municipal. El magistrado solicitó asimismo al consistorio un certificado sobre todos los contratos suscritos entre el Ayuntamiento y las agencias GAP Producciones y CIA, para aclarar los controvertidos cobros realizados por ambas empresas.

Delegado imputado

Por otra parte, el ex delegado de Medio Ambiente de la Junta en Granada y alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, declaró ayer como imputado por supuestos delitos contra los recursos naturales. Sánchez aseguró que se limitó a emitir un informe "con condicionantes" sobre un proyecto empresarial de captación de agua del río Lanjarón, que motivó que la empresa de aguas renunciara al mismo.