Bush logra que los demócratas apoyen su plan de espionaje
Espiar en el extranjero y espiar en casa no es lo mismo. O al menos eso parecía cuando los demócratas pusieron el grito en el cielo en diciembre de 2005, al descubrirse que la Administración de Bush había espiado secretamente a sus ciudadanos desde el 11-S sin que mediara una orden judicial. Pese a ello, Nancy Pelosi, portavoz de la mayoría demócrata en el Congreso, anunció ayer que intentaría cumplir con la petición de Bush de ampliar los poderes del Gobierno en la lucha contra el terrorismo antes del inicio de las vacaciones de verano, que arrancan el sábado.
Eso significa aprobar la petición de Bush para enmendar la ley FISA, que regula desde 1978 el espionaje en el extranjero y que en la práctica permitirá que el Gobierno estadounidense pueda espiar a todo ciudadano norteamericano que mantenga conversaciones telefónicas o por e-mail con un sospechoso de terrorismo en el extranjero sin necesidad de ser autorizado por el juez. "Nos hemos comprometido a trabajar con la Administración para llegar a un acuerdo", dijo Pelosi.
Amplios poderes
La idea que los demócratas tratan de vender es que están ampliando los poderes de Bush para el espionaje internacional, aunque en la práctica la enmienda que el presidente quiere que se apruebe también afecta a todo ciudadano que esté en contacto con alguien en el extranjero considerado sospechoso. La lucha por la ampliación de poderes del Ejecutivo ha estado paralizada durante semanas por las acusaciones contra el fiscal general, Alberto Gonzales, a quien los demócratas acusaban de haber mentido con relación al programa de espionaje que el Gobierno implantó tras el 11-S, el Terrorist Surveillance Act.
Y según se supo el martes, aquel programa, que permitía muchas de las acciones que Bush ahora intenta que sean aprobadas por el Congreso, era sólo una pequeña parte de un plan más amplio del que no se sabía nada hasta que Mike McConnell, director de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), lo dijo en una carta hecha pública por el senador Arlen Specter. La orden que siguió al 11-S "permitía actividades de espionaje de las que la Terrorist Surveillance Act es sólo un aspecto en particular. Ésa es la única parte de las actividades de la NSA que se puede discutir porque es la única de la que hay un reconocimiento oficial", dice la carta.
