La alcaldesa de Marbella acoge el PGOU con una "óptica elevada" y "colaboración"

"Entendimiento absoluto". Con esta expresión resumió ayer la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, la reunión que mantuvo con la consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez, sobre la devolución de las competencias urbanísticas, retiradas tras el caso Malaya por la Administración autonómica. Pese a que ha sido muy crítica con la política de la Junta, Muñoz dijo ayer que tendrá una visión "elevada" del PGOU por la necesidad de contar con un documento cuanto antes. De momento, la oficina del PGOU de la Junta estará abierta con la misma estructura hasta septiembre para prestar apoyo técnico al Ayuntamiento. El Consejo de Gobierno aprobará el decreto de devolución de competencias el próximo martes.

El primer contacto oficial entre Muñoz y Gutiérrez que marca la ley para la devolución de las competencias urbanísticas y la entrega del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) fue muy satisfactorio para ambas partes. Según Muñoz, no podía ser de otra manera después del calvario urbanístico sufrido por Marbella, que no permite perder ni un minuto. Para cumplir con los trámites, hoy mismo la alcaldesa de Marbella trasladará por escrito su compromiso de asumir las competencias y el día 26 el Consejo de Gobierno aprobará el decreto de devolución y entregará oficialmente el PGOU.

A petición de Ángeles Muñoz, Obras Públicas mantendrá abierto hasta el mes de septiembre la oficina de planeamiento de la Junta en Marbella para prestar apoyo técnico, de modo, explicó Muñoz, que el Ayuntamiento sepa de primera mano los criterios y principios que se han tenido en cuenta para elaborar el plan. "No es bueno para Marbella romper inmediatamente con el equipo de redactores del PGOU", señaló.

La alcaldesa no quiso opinar sobre los contenidos del PGOU, del que sólo conoce el avance que presentó hace un par de semanas la consejera, aunque insistió en la necesidad que tiene Marbella de recuperar la normalidad y seguridad urbanística. "Hacer un PGOU en Marbella no es fácil, entendemos que es muy complejo encajar todas las piezas (...) Habrá cosas que nos gusten más o menos, pero hay que mirarlo desde una óptica elevada. Nos jugamos mucho, yo podría haber hecho un plan diferente, pero, por responsabilidad, actuaremos con el interés de tener un documento cuanto antes", dijo Muñoz.

Para Concha Gutiérrez, el PGOU que ha elaborado el equipo del urbanista Manuel González Fustegueras es "muy bueno", si bien matizó que nunca se puede partir de la premisa de que un trabajo es imposible de mejorar.

La consejera podría haber aprobado inicialmente el plan hace un mes, pero prefirió esperar para salvaguardar el proceso electoral. Ahora, el consistorio marbellí deberá aprobarlo inicialmente y después se abrirá un plazo para presentar las alegaciones. La última palabra siempre corresponderá a la Junta, que es la administración competente en la aprobación definitiva de los planes urbanísticos de las grandes ciudades andaluzas.

En cualquier caso, explicó la consejera, el Ayuntamiento de Marbella contará con una ventaja que no tienen el resto los consistorios: saber de antemano lo que va a exigir la Junta. "Es una especie de examen con trampa porque saben lo que le vamos a preguntar", señaló.

Normalización

El nuevo PGOU contempla un sistema de normalización que permitirá legalizar 18.000 viviendas que infringen la normativa, construidas durante los años de los gobiernos de Jesús Gil y su partido. Según Gutiérrez, lo extraordinario es que los promotores de estas casas pueden compensar al Ayuntamiento con la entrega de suelo (1.879.904 metros cuadrados) para espacios libres y equipamientos. "Ha sido posible porque los suelos con los que compensan los promotores están en el entorno inmediato de los edificios ilegales que se regularizan", aseguró la titular de Obras Públicas.

Según dijo, la práctica en la era Gil consistía en ocupar los suelos para equipamientos y dejar libre el legal para garantizarse una construcción doble. Este método permitirá ahora aplicar una "solución proporcionada".

Sobre las 752 viviendas sin posibilidad de normalizarse (la mitad deshabitadas) por invadir el litoral o zonas inundables, la consejera dijo que serán los tribunales, en última instancia, los que decidan. Ángeles Muñoz opinó a este respecto que habrá que estudiar caso por caso: "Ya en campaña me comprometí a que los intereses particulares no tuvieran que pagar los platos rotos".