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Reportaje:

Mudanza forzosa en El Cabanyal

El Ayuntamiento de Valencia acelera con expropiaciones el plan de Blasco Ibáñez en una calle de gente mayor de pensión baja

Sara Velert

Se vende piso de 76 metros cuadrados por 216.000 euros. Zona, El Cabanyal. "¡Ocasión!", aseguran el cartel de otra ganga de 65 metros cuadrados en el mismo barrio por 157.000 euros. Ninguno de los dos está en la calle de San Pedro, donde ahora mismo están los pisos más baratos a espaldas del glamour de la Copa del América. Un ejemplo: a Consuelo Serrano, de 85 años, sólo le ofrecen 56.600 euros por dos viviendas unidas con salida a dos calles y que suman hermosos 150 metros cuadrados. Lo malo es que no puede elegir comprador ni ha puesto el precio. Le han notificado que la expropian. Quiera vender o no, quieren que deje su casa, en la que ha criado a sus dos hijos. "Lo lleva muy mal, está acostumbrada a su planta baja y a su corral con plantas", cuenta uno de sus hijos, Antonio Juli, de 58 años, que acaba de consultar su caso en las oficinas de Cabanyal 2010, la sociedad del Ayuntamiento de Valencia y empresas de la construcción que ha puesto en marcha la expropiación de 136 fincas que dan a las calles de San Pedro y de Luis Despuig. Medio kilómetro en el que se abrirán paso las máquinas en otoño para construir un amplio bulevar. En un barrio de calles estrechas y casas bajas que son el testigo de un pasado marinero y del modernismo popular.

"Si nos echan, ya me dirá qué hacemos. ¿Para qué quieren hacer una calle?"

La vía cruzará perpendicularmente la futura prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez, en la que se empeña desde 1999 la alcaldesa, Rita Barberá, del PP. Renovada la mayoría absoluta, ha pisado el acelerador del plan de El Cabanyal, a medio año del pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la prolongación, que mantiene recurrida Salvem El Cabanyal.

"La calle de San Pedro era fantástica. En verano salíamos con la sillita a cenar, y de una mesa cogías un trozo de tortilla y de otra, unas clóchinas", recuerda con nostalgia Antonio. El panorama ha cambiado mucho. La degradación urbana y la marginación se han apoderado de muchas calles de El Cabanyal, del que durante años han pasado de largo las inversiones. Muchos vecinos en este entramado reticular y Salvem El Cabanyal acusan al gobierno local de permitir y hasta apoyar la ruina del barrio para imponer su plan, que prevé una rehabilitación más allá de la prolongación apenas iniciada en estos años. El PP rechaza las acusaciones, recuerda que ha ganado las elecciones en el barrio y promete una y otra vez la ansiada recuperación. "Al final, ¿cómo no se va a ir la gente?", reflexiona Antonio sobre la larga espera. En la calle de San Pedro se alternan casas cuidadas con otras cerradas y en un estado lamentable e insalubre. Algunas han sido ocupadas por familias gitanas que cocinan en la acera y enganchan la luz de donde pueden. Otras las ha comprado Cabanyal 2010, que ha salpicado la vía de solares. "Hay que estar aquí para saber lo que es esto. Han desaparecido los negocios y la gente joven", denuncia Rosendo Vilchez, partidario de los derribos aunque tocara a su casa. Su carpintería está en la acera que no será expropiada.

A pesar de todo, Consuelo Serrano no quiere marcharse. Su hijo medita sobre la oferta de Cabanyal 2010 de comprarle una vivienda protegida (VPO) de la sociedad, a la que tiene acceso por vivir en San Pedro desde antes de aprobarse el plan en 1999. Con el dinero de la expropiación, que a juicio de Antonio está como mínimo tres veces por debajo del mercado, no alcanza ni para la VPO de 53 metros cuadrados que propone la sociedad. Tendrían que coger una hipoteca. Aceptar o esperar a los tribunales, "un filo de dos hojas, acertar o no acertar".

Sebastiana Salmerón, de 75 años, y Rosa Pastor, de 70, vecinas desde hace décadas, viven en un edificio en buen estado y con el portal impoluto. Sebastiana muestra encantada su coqueto piso de unos 60 metros cuadrados. Decorado con mimo, desde que es viuda la acompañan las fotos familiares -tiene tres hijos- y la arropan sus vecinas. La notificación de la expropiación fija en 38.600 euros el precio de su casa, cuando en la acera de enfrente, que seguirá en pie y será una de las fachadas desconchadas del bulevar, piden por un piso 180.000 euros. "Dejar esto, con lo poco que me queda...", se lamenta Sebastiana, que se apaña con una pensión de 499 euros y no ve posibilidad de comprar una VPO municipal. "¿Cómo se van a hacer cargo mis hijos de la hipoteca?", protesta. Rosa tampoco quiere moverse: "Si nos sacan de aquí nos matan". Ella y su marido lucharán contra la expropiación. Tienen dos pisos en el edificio por los que cobrarían 13 millones de las antiguas pesetas. Muy poco dinero, y a estas alturas pensar en otra hipoteca... "Han dejado que la calle se vuelva marginal", protesta Rosa.

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Como otros afectados, no entiende la urgencia de abrir a su costa un bulevar "que sale de una medianera y acaba en ningún sitio", critica Faustino Villora, portavoz de Salvem El Cabanyal, que ha puesto en marcha una oficina de información para defender a los vecinos, y cuya familia está afectada. "Si nos echan, ya me dirá qué hacemos. ¿Para qué quieren hacer una calle?", pregunta entre lágrimas Amparo Martínez, de 80 años. A su lado, José Tello, de 81 años, su marido, en silla de ruedas en un edificio sin ascensor: "Nunca ha venido el Ayuntamiento para bajarlo un ratito y yo apenas puedo caminar". Amparo está angustiada. Una mudanza forzosa a su edad, con un marido enfermo... No quiere ni pensarlo.

Pedro Anrubia también es octogenario y del barrio "de toda la vida". Y, como la mayoría, con una pensión baja. "No hay nada que hablar, si me tiran, que me den un piso", afirma. Este vecino tiene derecho a comprar una VPO de Cabanyal 2010 -que también da vivienda en alquiler barato como alternativa-, pero Dj. B., argelino de 27 años, no cuenta con esa posibilidad. Adquirió su casa en 2002, aprobado ya el plan, y paradójicamente "con una subvención de la Generalitat". A este electricista que aún está pagando sus cuatro paredes le dan 46.000 euros por casi 68 metros cuadrados. En el mercado libre, no llegará lejos. El Ayuntamiento, que afirma que ha comprado o tiene acuerdos de un tercio de las casas, asegura que se estudiará "caso por caso", que nadie se quedará en la calle. Pero Manuel Moreno sigue preocupado por su hijo, "con dos chiquillas" y problemas de salud. "No sé qué hará", dice.

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Sobre la firma

Sara Velert
Redactora de Internacional. Trabaja en EL PAÍS desde 1993, donde ha pasado también por la sección de Última Hora y ha cubierto en Valencia la información municipal, de medio ambiente y tribunales. Es licenciada en Geografía e Historia y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS, de cuya escuela ha sido profesora de redacción.

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