Villar Mir exige que se le indemnice con 900 millones por una concesión que caduca en 2008
Para Juan Miguel Villar Mir, en juego están 900 millones de euros. Esa cifra, superior al coste de todo el tramo de alta velocidad entre Ourense y Santiago, es la que solicitó el empresario al Ministerio de Fomento que entonces dirigía un Francisco Álvarez Cascos con el que Villar Mir intercambiaba elogios. Cascos aprobó definitivamente el AVE de Serrabal el 10 de junio de 2003, sólo dos semanas después de que el PP perdiera las elecciones. De esa manera, el Estado quedaba obligado a expropiar parte de la mina e indemnizar al empresario.
La victoria del PSOE en las generales de 2003 trastocó el guión. Desde entonces, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intentó llegar a un acuerdo con Ramsa, la empresa que explota la mina de Serrabal. Villar Mir ofreció al Ministerio de Fomento renunciar a la indemnización si variaba el paso del tren de alta velocidad. Según sus cuentas, 1.660 puestos de trabajo están en juego, contando con los de las fábricas de Ferroatlántica en Cee, Dumbría y Arteixo.
Por si finalmente no consigue la indemnización, el que fuera ministro y vicepresidente con Carlos Arias Navarro tras la muerte de Franco pretende una prórroga automática de la concesión de la mina, que expira en el año 2008. El conselleiro de Innovación e Industria, Fernando Blanco, ya advirtió al propietario de Ramsa que la renovación de los derechos no será automática. Villar Mir solicitó en enero de 2005 la ampliación de la actividad extractiva hasta el 2038.
El asunto se discutió en el Parlamento gallego y en el Congreso de los Diputados. En la cámara autonómica, los grupos parlamentarios pidieron por unanimidad al Ministerio de Fomento que compatibilizara el AVE Santiago-Ourense con la explotación de la mina. El pronunciamiento del Parlamento se produjo el pasado 21 de abril, tres semanas después de que el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, rechazase tajantemente "dilaciones" en las obras. No obstante, el titular de la Xunta reclamó al ministerio que justificase que las obras no afectarían a la mina. Esa justificación fue adelantada la semana pasada en el Congreso por la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y concretada ayer en la reunión que mantuvieron tres conselleiros y los responsables de los sindicatos gallegos con el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
