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Una juez imputa por contaminación acústica a tres concejales de Gallardón

8.000 vecinos de la avenida de Portugal sufren más de 80 decibelios de ruido desde hace años

Una juez ha imputado a tres concejales del Ayuntamiento de Madrid -la edil de Medio Ambiente, Paz González; el de Seguridad, Pedro Calvo, y la de Urbanismo, Pilar Martínez- por un delito de contaminación acústica y atmosférica. Están encausados por no impedir el calvario de cerca de 8.000 vecinos de la avenida de Portugal, que desde hace 30 años soportan más de 80 decibelios de ruido -60 es el nivel máximo tolerable, según la ley- y los humos de los 150.000 coches que pasan cada día justo frente a sus casas. Por este delito pueden ser castigados con prisión de seis meses a cuatro años.

En los alrededores de la avenida de Portugal no se puede dormir. De día y de noche, según un informe de la Guardia Civil que consta en las diligencias del caso, el ruido de los coches supera con creces, en más de 20, el tope de 60 decibelios que la ley considera tolerable. En los cuatro colegios que hay en ese tramo de la carretera de Extremadura, los alumnos tampoco pueden concentrarse. Incluso con las ventanas cerradas, se oyen los motores y pitidos de los coches, según la queja repetida de los padres.

La Asociación de Vecinos Unión Casa de Campo presentó en marzo del año pasado una denuncia en los Juzgados de la plaza de Castilla. Fue la última opción, hartos de silencios y tras múltiples protestas, cartas al alcalde y reuniones con responsables del Ayuntamiento para que solucionasen su constante problema: el sinvivir que implica tener la casa a menos de 10 metros, e incluso a sólo dos, de una carretera por la que circulan 150.000 coches diarios. Es una las zonas más colapsadas de la capital.

Los vecinos creían que sus problemas con el ruido acabarían al hilo de las obras de la M-30 y el soterramiento de la carretera de Extremadura. Pero entonces el Ayuntamiento de Madrid decidió que ese túnel emergería a la altura de la avenida de Portugal y que un tramo de 1,8 kilómetros de la carretera de Extremadura quedaría sin soterrar. Justo al lado de sus casas.

La normativa sobre contaminación acústica considera delito propiciar o no hacer nada ante un ruido que supere el límite legal. Los vecinos ya tenían mediciones del propio Ayuntamiento que revelan exceso de ruido y las aportaron al juzgado. Lo primero que hizo la titular del Juzgado número 45 de la plaza de Castilla, Raquel Fernandino, fue declarar secretas las actuaciones y encargar a la Guardia Civil un informe. Durante casi dos semanas, los agentes midieron los decibelios, de día y de noche, en 22 sitios distintos, e incluso desde dentro de tres casas de afectados. Hasta 83 decibelios fueron detectados en algunas mediciones, 23 más por encima de los "mínimos legales", según el informe.

Pero antes de acudir a "una última instancia", los vecinos enviaron una carta al alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, en la que le pedían explicaciones por no enterrar el tráfico en el tramo de 1,8 kilómetros y le expusieron sus sufrimientos con el ruido. Gallardón les facilitó una reunión con los ediles ahora imputados, además de con ingenieros de las obras de la zona.

De nada sirvió, según los vecinos, que aseguran que sólo les aconsejaron que pidieran medios al Ministerio de Defensa para que, en el marco de la Operación Campamento, se solucionara el problema que les afecta a lo largo de los 1,8 kilómetros que median entre la salida del túnel de la avenida de Portugal y la salida a la carretera de Boadilla. Además, les comentaron que "problemas técnicos de diversa índole" habían desaconsejado soterrar ese tramo. También pidieron pantallas acústicas, pero les dijeron que, dada la altura de algunas viviendas, la medida era inviable.

Los ministerios de Defensa y Fomento argumentaron que la titularidad de ese tramo de la vía había sido transferida al Ayuntamiento y que, por tanto, era urbana, es decir, que debía solucionarlo el Consistorio.

Desesperados, los vecinos volvieron a acudir a la alcaldía. En esta ocasión, Urbanismo les dijo que las obras que se acometen en la M-30 propiciarían una reducción del tráfico de 90.000 vehículos diarios en ese tramo. "Pero eso es falso", aseguran los vecinos en su denuncia ante el juez.Sus quejas y sugerencias en

lectores.madrid@elpaís.es

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 30 de abril de 2007