El juez ordena la paralización de las obras del centro comercial de Armilla

El juez instructor del caso del centro comercial Parque Nevada en Armilla (Granada), Miguel Ángel del Arco, decretó ayer la paralización "total e inmediata" de las obras que culminan el colosal complejo proyectado por el promotor Tomás Olivo. El magistrado argumenta con contundencia que la medida cautelar busca "evitar lo inevitable" ante "las infracciones urbanísticas manifiestas y notorias" cometidas en la construcción del centro comercial. El complejo ha acarreado en la localidad granadina una "distorsión del modelo urbano previsto y una hipoteca irreversible" que, según el juez, deben evitarse.

"Un Leviatán de hierro y cemento". La rotunda metáfora empleada por el juez instructor Miguel Ángel del Arco para definir uno de los mayores centros comerciales de Andalucía, de 60.000 metros cuadrados, define el grave impacto generado por unas obras casi culminadas, pero que desde su origen han estado basadas en "una patente ilegalidad". El prolijo auto emitido ayer por el magistrado no deja títere con cabeza y culpa tanto al promotor Tomás Olivo, como al alcalde de Armilla, José Antonio Morales (PSOE), y al ex concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate, del "auténtico fraude al principio de legalidad" y por la "vulneración casi continua de las normas" provocada por las sucesivas irregularidades urbanísticas cometidas para construir el complejo comercial.

Agentes del Seprona de la Guardia Civil ordenaron ayer la paralización de las obras, que por la mañana aún continuaban a un ritmo frenético, a pesar de que la empresa de Olivo, General de Galerías Comerciales SL, puede interponer un recurso de reforma y apelación contra el auto en los próximos tres días.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Granada autorizó el pasado diciembre la realización de obras de seguridad para que la estructura no peligrara. Pero el Seprona estimó que dichos trabajos podrían haber excedido la autorización judicial, al incluir la instalación del sistema de aire acondicionado y el revestimiento de columnas con láminas de mármol "con fines exclusivamente estéticos", entre otras reformas. Posteriormente, la Fiscalía solicitó al juez la imputación de Olivo por un delito contra el orden público en su modalidad de "desobediencia grave a la autoridad", que se sumaría a la imputación por un delito contra la ordenación del territorio, ya estimada por el juez Del Arco.

El magistrado censura ahora la finalización de la construcción "a marchas forzadas para su puesta en funcionamiento", a pesar de resultar "patente" tanto su ilegalidad como su clandestinidad. Las obras son "una burla al sistema de garantías legales en su conjunto" y existe un "patético intento de legalizarlo a posteriori, cometiendo toda clase de actos de licitud más que dudosa".

Distorsión urbanística

Para el juez, el complejo contraviene el planeamiento vigente de Armilla tras el informe emitido por el Seprona el pasado febrero sobre la espinosa edificación y que detalla sus graves infracciones: "Distorsión del modelo urbano previsto, aumento de la densidad de edificación, disminución de espacios y equipamientos comunes...". Además, el informe destacaba la ocupación de zonas verdes y la posibilidad de que afectara a las obras del metro de Granada, que proyecta una estación junto al centro comercial.

Tanta contundencia no arredró ayer a los responsables políticos de la construcción del colosal centro comercial. "No creo que hubiera exceso en las obras porque el auto anterior incluía ya los revestimientos e incluso la domótica del edificio. Las obras ya estaban paradas", arguyó el alcalde, imputado por prevaricación y que no se presentará a las próximas elecciones municipales después de trascender el escándalo. "Es una paralización sobre una paralización", remachó el ex concejal de Urbanismo, también imputado en la causa.

La Fiscalía ha solicitado asimismo la imputación de ambos por un delito de infidelidad en la custodia de documento público, tras esfumarse un informe emitido por el abogado municipal contrario al centro comercial. Olivo rehusó ayer opinar sobre la resolución judicial.

Desde que el ayuntamiento concedió la licencia de obras en 1999 con un presupuesto de 12 millones de euros, la tramitación del centro comercial ha sorteado todo tipo de obstáculos que desaconsejaban su construcción. "Son clamorosos los indicios de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio", expone el juez.

Tras la paralización decretada ayer, la instrucción seguirá su curso, entre otras cosas para examinar el patrimonio de Morales y Cañavate.