Hacienda y el Banco de España advirtieron a la Kutxa del riesgo que contraía como promotor

El Departamento de Hacienda y el Banco de España avisaron hace más de dos años a la Kutxa del riesgo que contraía al intervenir como promotor inmobiliario en operaciones de gran envergadura en la costa mediterránea. Dos de estas actuaciones han quedado paralizadas posteriormente en Murcia, bloqueando inversiones de la caja de ahorros guipuzcoana por 220 millones de euros, una cantidad que supera los resultados obtenidos por la entidad el año pasado (194,6 millones). La inspección que la consejería de Hacienda realizó a la Kutxa a finales del año 2004 incluía una advertencia expresa a la caja de ahorros que preside Carlos Etxepare ante el crecimiento acelerado de sus actividades como promotor inmobiliario.

En concreto, se le alertó sobre el riesgo que suponía la concentración de inversiones en unas pocas promociones, pero compuestas por miles de viviendas, según han confirmado fuentes del Ejecutivo. Esta prevención estaba en sintonía con los avisos lanzados por el Banco de España en las mismas fechas a las entidades financieras sobre la excesiva ebullición del mercado inmobiliario. La inspección realizada a la Kutxa por el departamento que dirige la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, llevó precisamente al Banco de España a presentar meses después un recurso contencioso-administrativo, al considerar que el Gobierno vasco había invadido sus competencias de vigilancia de la solvencia de las entidades bancarias. Hasta entonces las inspecciones sobre las cajas vascas se habían realizado de forma coordinada entre ambas instituciones, que comparten competencias de supervisión.

A diferencia de las otras dos cajas de Euskadi, la entidad guipuzcoana ha desarrollado en la última década una intensa actividad no ya sólo como financiadora de empresas dedicadas a la construcción de viviendas, sino como promotora directa de actuaciones inmobiliarias. En la mayoría de los casos ha ido de la mano de empresarios del sector, cuyas actividades también financiaba. La presencia de la Kutxa sido notable en zonas calientes del mercado inmobiliario, como los municipios que rodean Madrid, en la costa malagueña y en la zona del Mar Menor (Murcia). En la mayoría de las ocasiones, acompañando al empresario guipuzcoano Francisco Javier Arteche Tarascón.

La caja guipuzcoana ha obtenido importantes plusvalías con esta actividad como promotor, según fuentes del sector. Sin embargo, el crecimiento acelerado de sus inversiones inmobiliarias y, sobre todo, su concentración en grandes urbanizaciones llevaron a los organismos de supervisión a recomendar a la caja que preside Carlos Extepare que acentuase las cautelas ante posibles contingencias que pusieran en peligro los recursos comprometidos.

Los problemas para la Kutxa se han producido, precisamente, en dos de sus operaciones más ambicisos. Es el caso del proyecto urbanístico de Lo Poyo, en el municipio murciano de Cartagena, donde la caja y Francisco Javier Arteche, yendo en sociedad al 50%, compraron en 2004 por 230 millones una gran finca en la que se proyecta construir 4.000 viviendas, varios hoteles de lujo y un campo de golf. Sin embargo los terrenos, que se adentran en un espacio natural protegido, todavía no han sido reclasificados y el presidente del Gobierno murciano, Ramón Luis Valcárcel, del PP, ha asegurado que mientras él esté al frente del Ejecutivo no se pondrá un ladrillo en esa zona.

El socio de la Kutxa en Lo Poyo ha sido imputado por el juez de Marbella instructor de la Operación Malaya por un presunto delito urbanístico en ese municipio en connivencia con el ex alcalde Julián Muñoz y el cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca. Éste ha declarado al juez Miguel Ángel Torres que Arteche le compró solares y le puso en contacto con los anteriores propietarios de Lo Poyo.

La otra gran operación bloqueada por el Gobierno de Murcia es la de La Zerrichera, en Águilas, donde la Kutxa ha invertido 105 millones. Su socio, el promotor Trinitario Casanova, al que ha adelantado 55 millones tras la compra de esta finca de 250 hectáreas, está siendo investigado por un juez a instancias de la Fiscalía del Tribunal Superior de Murcia después de que el portavoz socialista de Águilas denunciase que el empresario le había ofrecido un millón de euros para que su grupo cambiara en el pleno municipal el sentido de su voto, contrario a aprobar el proyecto urbanístico.

"Nuevo marco"

El proyecto de La Zerrichera se presentó en público en abril de 2006, más de un año después de que Hacienda trasladara sus recomendaciones a la Kutxa. No obstante, un portavoz de la entidad ha declarado que "no le consta" que la inspección del Gobierno contuviese una advertencia sobre la alta concentración de riesgos en muy pocas operaciones inmobiliarias del Mediterráneo. En el mismo sentido, aseguró que las recomendaciones del Banco de España han sido genéricas y dirigidas al conjunto de las instituciones financieras.

Hace año y medio, el Consejo de Administración de la Kutxa aprobó, a propuesta de su presidente, un "nuevo marco" para su actividad inmobiliaria. Dicha estrategia se concretó en diversificar territorialmente las inversiones, gestionadas históricamente por su sociedad Inverlur, limitar las operaciones con un mismo empresario mediante la segregación de la sociedad original en varias y reducir el volumen de las promociones con el fin de recortar los eventuales riesgos.

Un portavoz de la Kutxa ha rehusado precisar qué volumen de dotaciones ha realizado la entidad en el último ejercicio para cubrir posibles pérdidas en las operaciones más comprometidas y se remitió a la información que ofrezca el presidente a la asamblea general. El máximo órgano de representación de la caja guipuzcoana se reunirá el próximo día 30 para debatir y aprobar las cuentas del año pasado y el informe de gestión.

El PSE ha anunciado que sus representantes en la asamblea pedirán explicaciones al presidente sobre las "nefastas" inversiones inmobiliarias en Murcia. Sostienen los socialistas que se ha producido una "mala gestión" por parte de la dirección de la entidad al decidir esas inversiones y subrayan que las actuaciones de la justicia en relación con los socios de la entidad en ambas promociones "han sembrado muchas dudas a los ahorradores de Kutxa".

Por ello, los socialistas exigirán información detallada de de los riesgos contraídos y posibles pérdidas. "Queremos transparencia. La Kutxa no se puede permitir el lujo de tener un importante volumen de dinero paralizado en inversiones como mínimo dudosas", manifestó el PSE.