El 25% de los barceloneses necesitan el sueldo de 24 años para comprarse un piso

Una de cada cuatro familias barcelonesas carece de los ingresos necesarios para acceder a una vivienda. Y lo peor, no llegan ni a una de protección oficial. Es una de las conclusiones del Libro blanco de la vivienda, encargado por el Ayuntamiento de Barcelona. El 25% de las familias percibe unas rentas anuales de menos de 10.000 euros, por lo que necesitan destinar el sueldo que acumulen durante 24 años para la compra de una vivienda. La solución, según Costas, pasa por fomentar los pisos protegidos de alquiler y permitir que estas familias puedan deducir las rentas que pagan en su declaración del IRPF.

El Libro blanco de la vivienda, dirigido por Antón Costas, catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona, toma el pulso al mercado inmobiliario de la ciudad. Para ello, divide a la población en cuatro grupos (cada uno representa un segmento del 25% de la población): desde los que tienen menos ingresos hasta los que cobran más. Y lo mismo hace con los precios de la vivienda y el alquiler (ver cuadro adjunto). El informe fija, además, que una familia no debería dedicar más del 35% de su renta anual al pago de la vivienda.

La primera conclusión es que el grupo de familias con menos dinero no tiene ingresos suficientes para comprarse un piso. Ni de protección oficial -que en la capital catalana cuesta como mínimo unos 97.000 euros-, ni mucho menos del mercado libre. Y cada año que pasa, la situación va a peor. Las rentas de estas familias no experimentaron ni incrementos del 5% entre 2001 y 2004, mientras que los precios de las viviendas más asequibles subieron más del 18%.

La gente sigue comprando

El panorama es desalentador, pero la realidad es que estas familias también compran. ¿Por qué? "No tienen suficientes ingresos, pero sí riqueza que les puede aportar, por ejemplo, la familia", aseguró Costas. "Un 30% de los jóvenes de entre 25 y 35 años que están emancipados", prosigue Costas, "no declara nada por alquiler o hipoteca. Una razón podría ser que lo asumieran sus padres". Además, que el 25% no tenga ingresos para comprar una vivienda no signfica que esté en la calle, puesto que esta proporción también incluye ancianos que hace años que adquirieron su casa (y, por lo tanto, disponen de patrimonio) o jóvenes que aún no quieren emanciparse.

La alternativa a la compra, el alquiler, también se escapa de las posibilidades de este 25% de familias barcelonesas ante la escalada del 8% en los precios durante el periodo analizado. De hecho, deberían dedicar más del 80% de sus sueldos a sufragar unas rentas que, de acuerdo con la Generalitat, superan ya los 875 euros mensuales en Barcelona, muy lejos de los 270 euros que el Libro blanco considera que pueden permitirse estas familias.

"La solución debe pasar primero por potenciar los pisos sociales de alquiler. Hasta ahora la prioridad han sido los pisos de compra, y sólo en los dos últimos años se ha optado por los arrendamientos asequibles. Es más, debería llegarse a un alquiler de régimen especial, que se diferencia del resto sobre todo por la superficie del piso", afirmó Costas. Las viviendas a las que se refiere tienen unos 40 metros cuadrados, cuestan unos 200 euros de alquiler y van destinadas sobre todo a los colectivos con mayor riesgo de exclusión: jóvenes, ancianos y mayores que requieran de asistencia.

Costas se mostró contrario a seguir promoviendo pisos de propiedad, puesto que la situación económica de un joven puede cambiar en cualquier momento. "Alguien puede tener 25 años y ser mileurista, pero también ocurre con frecuencia que dos años después encuentra un trabajo donde cobra mucho más. Entonces se habría hecho un mal negocio con el dinero público", consideró el catedrático.

Otra propuesta es mejorar el tratamiento fiscal de las personas que viven en pisos en régimen de alquiler. "Las familias que tienen rentas medias y bajas no tienen suficientes ingresos para deducir". Una posible salida, agregó Costas, sería la de los "cheques fiscales", que se usa en algún país de la Unión Europea. "Se trata de ver cuánto puede desgravarse una familia media y luego dar un cheque para los que no pueden hacerlo", sugirió.

La gente se queda

No todo son malas noticias. Contra la creencia generalizada de que los precios están expulsando a los barceloneses de la ciudad, resulta que el 71% de la gente que se muda se queda en la capital catalana. La mayoría hasta se queda en su propio barrio. De hecho, desglosado por ingresos, se van más familias con ingresos medios-altos que las que perciben las rentas más bajas. La conclusión que saca el informe es que la decisión de abandonar Barcelona responde más bien a una posibilidad de escoger que a la escalada de los precios.

El informe, que de momento es sólo un avance del libro que se entregará en las próximas semanas al Ayuntamiento, también adelanta que la inmigración está adquiriendo viviendas, lo cual resulta un factor más de integración. Y "una sorpresa inesperada", según el extracto del estudio: disminuye la segregación de la inmigración. Es decir, la población que llega de otros países tiende menos a crear guetos en algunos barrios que antaño. La inmigración, concluye el estudio, ha frenado "la tendencia a la baja" de la población de Barcelona. Y un apunte esperanzador: en los próximos años se emanciparán más jóvenes que ahora.