Alonso critica que se le niegue declarar a puerta cerrada ante la comisión de investigación

El alcalde de Vitoria, el popular Alfonso Alonso, criticó ayer la negativa del presidente de la comisión de investigación municipal sobre supuestas irregularidades urbanísticas, el edil del PNV Unai Grajales, a su petición de declarar en la misma a puerta cerrada. Alonso cerrará el próximo martes las comparecencias ante esta comisión, que analiza posibles irregularidades urbanísticas en dos urbanizaciones de chalés en Ali e Ibaiondo, en el término municipal vitoriano.

Grajales resolvió anteayer, con el respaldo de los grupos de la oposición, que Alonso y el concejal de Urbanismo, el también popular Jorge Ibarrondo, comparezcan en presencia de los periodistas y negó la petición de ambos de dar explicaciones a puerta cerrada, como han hecho las mayoría de quienes han declarado ante la comisión. Ibarrondo está citado esta mañana.

El alcalde destacó que resulta "sorprendente" que Grajales le enviase un escrito en el que le preguntaba si quería comparecer a puerta abierta o cerrada y luego decidiese no hacerle caso. "No somos el objeto de la diversión de la oposición", se lamentó Alonso, para quien la decisión resulta "de una arbitrariedad pasmosa". El primer edil pedirá al presidente de la comisión que precise los términos en que se producirá su comparecencia.

Alonso recordó que ya ha acudido dos veces a la comisión municipal de urbanismo para hablar de los asuntos que se están investigando y recalcó que no tiene más información. "No sé de que quieren que hable", sostuvo. Consideró que en la comisión "las conclusiones están tomadas ya de antemano y lo único que se quiere hacer es un espectáculo público de linchamiento o descalificación".

"Linchamiento injustificado"

El primer edil aprovechó además la presencia de periodistas en un acto que presidió para quejarse del "linchamiento público completamente injustificado" que vive en el caso de las supuestas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento en el cobro de Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a varios bancos y a Michelín.

Un juzgado de Instrucción de Vitoria está investigando la causa tras recibir la denuncia que un funcionario municipal, el inspector tributario Antonio Cuerda, remitió a la Fiscalía Anticorrupción, que no la consideró de su competencia y la remitió a la fiscalía alavesa.

La denuncia acusa al primer edil y a su concejal de Hacienda, Javier Maroto, de supuesta prevaricación al entender que han dejado prescribir deudas por el IAE originadas de 1998 a 2001 por no cobrar parte de ese impuesto a 18 bancos y a la citada empresa. Alonso, quien reiteró la falsedad de estas acusaciones, señaló que se encuentra "francamente dolido" porque en política "no vale todo de ninguna manera". "Estamos asistiendo a una manipulación inadmisible", concluyó.