Rabanera aprecia "tufillo electoral" en la denuncia a Alonso por el IAE

El diputado general de Alava, Ramón Rabanera, se mostró ayer convencido de que la denuncia presentada por un ex funcionario contra el alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, por presunta prevaricación al dejar que prescribieran varios expedientes relacionados con el cobro del IAE a 18 bancos y varias empresas de Vitoria, "no va a tener ninguna trascendencia" porque se trata de una acusación con "tufillo de precampaña".

El diputado general señaló que los conceptos incluidos en las actas de inspección "no se cobran en ningún sitio". Los bancos y empresas citados en la denuncia del funcionario del Ayuntamiento hacían regularmente frente al pago del IAE correspondiente a su actividad principal. El problema llegó cuando el Ayuntamiento les remitió actas de inspección cobrándoles por otros epígrafes. En el caso de los bancos, por el 842 -asesoramiento financiero, al hacer las declaraciones de renta de sus clientes-; y en el de las empresas, por variaciones respecto de la dimensión de su negocio. En el pago del IAE se tienen en cuenta factores como la superficie, el número de trabajadores o los kilowatios instalados.

El problema comienza a partir de 1996. El Ayuntamiento levantó actas por nuevos conceptos y les giró los recibos. Algunas empresas firmaron las actas en conformidad y pagaron, pero otras firmaron las actas en disconformidad. Estas últimas ganaron, ya que la competencia para inspeccionar no estaba entonces en manos de los ayuntamientos, sino de la Diputación. Esta institución transfirió la inspección al Ayuntamiento de Vitoria a partir de 2002.

En los años previos a la transferencia, cuando estos expedientes llegaban a manos de la Diputación decaían, ya que el criterio foral era contrario a cobrar ese epígrafe. Las actas de inspección giradas por este concepto a partir de 2002 están o bien recurridas en alzada o en el Contencioso-Administrativo, debido a un recurso de la Caja Vital. La entidad lo presentó en diciembre pasado año, precisamente para que un juez aclare quién tiene la razón en la controversia sobre la aplicación del epígrafe 842 a los bancos.

Retirada de publicidad

Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción número tres de Vitoria continúa adelante con las diligencias previas antes de tomar una decisión sobre el caso. La denuncia fue presentada en la Fiscalía Especial Anticorrupción, que la remitió a la Audiencia de Vitoria.

Los partidos de la oposición reprocharon ayer al concejal de Hacienda, Javier Maroto, que no les comunicara el inicio del proceso judicial, aunque esté en una fase preliminar, cuando se trata de un caso que afecta a la imagen del Ayuntamiento. Maroto no confirmó si va a emprender acciones legales contra Dato Económico la revista que destapó la denuncia. Sin embargo, el equipo de gobierno municipal ha retirado la publicidad institucional que tenía contratada con la publicación.