El Consejo Fiscal propone que las sanciones a guardias civiles salgan de la jurisdicción militar
Propugna que las infracciones de menor gravedad sean revisadas en la vía contenciosa
El Consejo Fiscal, presidido por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, informó ayer a favor del proyecto de desmilitarización del régimen disciplinario de la Guardia Civil y propuso además que las sanciones a los miembros del instituto armado sean revisadas por la jurisdicción contencioso-administrativa en vez de por la militar. Con la reforma saldrán del Código Penal Militar la insubordinación y los ataques contra la disciplina, por lo que seria "incoherente" que sean sometidas a la jurisdicción militar las infracciones de menor gravedad.
El informe del Consejo Fiscal asegura que el anteproyecto de reforma del régimen disciplinario de la Guardia Civil es "el punto de partida para una importante modificación en el ámbito de aplicación de las leyes penales militares" y tiene tal trascendencia que hace imprescindible considerar si tal reforma obliga a reinterpretar el "ámbito estrictamente castrense" establecido en la Constitución.
El texto aprobado recuerda que la reforma del artículo 8 del Código Penal Militar prevé que los guardias civiles, a los efectos del Código Penal Militar, tendrán la consideración de militares, "en tiempo de guerra, durante la vigencia del estado de sitio, durante el cumplimiento de misiones de carácter militar o cuando se integren en unidades militares".
Si el texto de esa reforma del artículo 8 del Código Penal Militar llega a convertirse en ley, saldrán del Código Penal Militar los comportamientos realizados por guardias civiles contra la disciplina y la subordinación jerárquica, "con lo que excluirá de la competencia de la jurisdicción militar la tutela de dichos valores".
Es decir, los miembros de la Guardia Civil dejarán de tener la consideración de militares incluso cuando incurran en un delito contra la disciplina militar previsto en el Código Penal Militar. Por eso, para el Consejo Fiscal resulta "incoherente" que los agentes se encuentren sometidos a la jurisdicción militar cuando cometen infracciones de menor gravedad y recurren en vía jurisdiccional las sanciones que se les imponen.
El anteproyecto prevé también una modificación de la ley orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, de modo que cuando la Guardia Civil actúe en el cumplimiento de misiones de carácter militar o cuando se integre en unidades militares, le resultará de aplicación el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, el artículo 79 del anteproyecto determina que la revisión judicial de las resoluciones que pongan fin a la vía disciplinaria sea realizada por la jurisdicción militar.
Cambios legislativos
Pero el Consejo Fiscal va más allá del anteproyecto. Así, opina que la desmilitarización del régimen disciplinario de la Guardia Civil "obliga a implementar los cambios legislativos necesarios" para que en los supuestos en los que resulte de aplicación el Código Penal Militar o la ley orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, quede atribuida dicha competencia a los órganos de la jurisdicción militar.
En cambio, "en el resto de los supuestos", para infracciones de menor gravedad, "tal potestad debe ser ejercida por los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, mediante el recurso de esta naturaleza". Esta propuesta del Consejo Fiscal coincide con una de las reivindicaciones históricas de las agrupaciones de guardias civiles.
En cuanto a los delitos y faltas cometidos por guardias civiles en su condición de militares antes de la entrada en vigor de la reforma, serán castigados conforme al Código Penal Militar, excepto cuando la aplicación de las disposiciones del Código Penal resultasen más favorables para el reo.
Por otra parte, el Consejo Fiscal emitió ayer un informe favorable sobre la reforma que permitirá el acceso de las nuevas unidades de protección de las víctimas de violencia doméstica a los datos del Registro Central, en relación con los casos de malos tratos. No obstante, el Consejo echa en falta una mayor información sobre cuál será "el instrumento normativo regulador" de las nuevas entidades.
