Regular el alcohol para mejorar la salud pública
Hay una preocupación creciente por el impacto del consumo de alcohol en la salud pública y en la sociedad. Recientemente se ha realizado una rigurosa revisión sistemática de su peso real que ha marcado un hito: cuando se combinan los efectos del consumo crónico (como la cirrosis) con los de los problemas causados por la intoxicación aguda por alcohol (como los accidentes de tráfico o laborales, o los homicidios y suicidios bajo los efectos del alcohol), la contabilidad estremece. Un 9,2% de la carga de morbilidad y un 3,2% de la mortalidad (unas 8.500 muertes al año en España) se vinculan al consumo de alcohol.
Estas cifras son sólo comparables en magnitud a las del tabaquismo, y son, por supuesto, muy superiores a las relacionadas con el uso de heroína, cocaína y otras drogas no institucionales en nuestro medio. Tengamos en cuenta que el alcohol está presente -y es un factor desencadenante- en mucha morbilidad psiquiátrica y en episodios de violencia interpersonal, destacando su papel en la violencia doméstica.
España ocupa el sexto lugar en consumo: 10 litros de alcohol puro por persona y año
Al mismo tiempo, la relación del alcohol con la salud es compleja: dosis bajas, como una copa de vino cada dos días, se han asociado a beneficios cardiovasculares. Además -contrariamente a lo que sucede con el tabaco-, la mayoría de los usuarios de alcohol no desarrolla adicción. Muchas personas consumen sin sufrir efectos adversos. Pero al estar tan extendido su uso, el impacto global en la salud es muy grande, aunque en buena parte pase inadvertido.
¿Qué hacer para mitigar este impacto? ¿Qué se puede hacer para reducir el coste sanitario y social del alcohol? La verdad es que es difícil progresar sin cambios importantes en el consumo, orientados básicamente a disminuirlo y a cambiar aquellas circunstancias que lo acompañan e incrementan los riesgos. A nuestro actual consumo de alcohol y a nuestro actual patrón de consumo les corresponde la factura en sufrimiento evitable que ya pagamos hoy en día. Para disminuirla, hay que cambiarlos.
Como en el caso del tabaco, el impacto esperable de la información y de la educación persuasiva es más bien modesto. Las acciones que pueden disminuir el daño que hace el alcohol pasan indefectiblemente por ayudar a las víctimas del consumo que han desarrollado dependencia, así como por reducir su uso, reduciendo la oferta o la demanda. Respecto a la ayuda a las víctimas, si bien hay una oferta asistencial en todo el país, la realidad es que no siempre alcanza a quienes más lo necesitan. Muchos pacientes con problemas de alcoholismo llegan tarde a la asistencia, y ni el sistema sanitario ni el de justicia, con el que muchos tienen encontronazos, les acompañan. Quizás los médicos deberíamos detectar antes a las personas que tienen un consumo de riesgo, y velar por que disminuyan su consumo o encuentren la asistencia que les pueda ayudar. Quizás el sistema judicial debería hacer más uso del tratamiento obligatorio de la dependencia alcohólica en personas condenadas por delitos en los que el alcohol ha jugado un papel: en otros países, esta opción ha dado frutos prometedores.
Con respecto a las políticas que reducen la oferta y la demanda, hay diversas opciones. Unas han empezado a abordarse en los últimos tiempos y deben ser reforzadas; otras han demostrado su valor en otros países y deberíamos adoptarlas. Así, las autoridades de tráfico han actuado para reducir el número de personas que conducen bajo los efectos del alcohol, poniendo en peligro sus vidas y las de los demás. Fijar límites aceptables de alcoholemia y su equivalente en el aire espirado (más fácil de medir); hacerlos más estrictos para conductores profesionales; acordar que es lícito someter a los conductores a cribado para evitar infracciones y accidentes; reforzar el número de controles; retirar el carné de conducir a los infractores... Todas estas acciones van en la misma dirección: disminuir las lesiones causadas por el uso inapropiado del alcohol. Y gozan de amplio apoyo social.
Recientemente se ha informado de un proyecto del Ministerio de Sanidad y Consumo para introducir diversas medidas reguladoras en relación al alcohol, con un proyecto de ley orientado a la protección de los menores en línea con las orientaciones de la Comisión Europea. Entre las medidas que se plantean, destacan las limitaciones a la publicidad y a los horarios y puntos de venta. Son, sin duda, un paso adelante en la dirección correcta. La amplia accesibilidad de nuestros adolescentes y jóvenes al alcohol (por precio y disponibilidad) y la presión de la publicidad que incita a su consumo y lo asocia a la diversión y al éxito social y sexual (con un incremento espectacular de las inserciones publicitarias de bebidas alcohólicas en los últimos años, especialmente de cervezas y destilados) son las bases sobre las que se asientan unos patrones de consumo que generan serios problemas asociados al alcohol.
Aunque cabe esperar resistencias a su adopción (unas culturales e ideológicas, pero otras por quienes tienen un interés económico directo en fomentar su consumo), si nuestra sociedad quiere reducir la carga de sufrimiento, enfermedad y muertes evitables que el alcohol le causa habrá que regular más su promoción y uso.
El consumo es en España de 10 litros de alcohol puro por persona y año: el sexto país en el ranking mundial. Como en otros casos similares, el bien común demanda la regulación. Y como muestran otros países de nuestro entorno, la regulación es factible y además compatible con el ocio, el turismo y la diversión, sin olvidar la necesidad de brindar a las víctimas del alcohol la ayuda necesaria.
Joan R. Villalbí es doctor en medicina y master en salud pública. Trabaja en la Agència de Salut Pública de Barcelona y coordina el grupo de trabajo sobre alcohol en la Sociedad Española de Epidemiología.
