_
_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Distorsiones

Enrique Gil Calvo

Desde el mismo día de la apertura de la vista oral sobre la masacre del 11-M se ha abierto también un juicio paralelo ante los medios de comunicación, en el que se intenta distorsionar la marcha de la justicia para sesgarla al servicio de sectarios intereses políticos. Así se reproduce la misma batalla mediática que ya se dio hace tres años, cuando el Gobierno de Aznar y sus medios afines pretendieron manipular la información sobre el atentado para que no perjudicase sus intereses electorales. Y lo hubieran conseguido de no ser porque los demás medios informativos se resistieron a ello, denunciando tan indigna maniobra ante una opinión pública que finalmente castigó al PP con una merecida derrota electoral. Pero los manipuladores no se rindieron por eso, y han continuado desde entonces sus distorsionadores intentos de interferir primero la comisión parlamentaria de investigación y después la instrucción del sumario judicial sobre la masacre. Así que ahora no hacen más que reincidir con insidiosa contumacia en su ya larga trayectoria de sistemática obstrucción a la justicia.

Aunque ahora añaden además otra distorsión que resulta especialmente injusta, y es la de que su actual manipulación sirve abiertamente los intereses de la defensa de los acusados como autores de la matanza. Con tal de sabotear el juicio del 11-M, el PP y sus acólitos mediáticos están dispuestos a todo, incluso a evitar que se haga justicia con tal de exculpar al terrorismo islamista. Está claro que para ellos el fin justifica los medios, por injustos que sean. Un fin que es el de amañar su indigna manipulación gubernamental y mediática durante aquellos trágicos idus de marzo, cuando imputaron falazmente la matanza a ETA por espurio interés electoral. Y unos medios en los que todo les vale, incluyendo el de favorecer la exculpación de los acusados poniendo bajo sospecha las pruebas que les incriminan.

Lo cual obliga al resto de la prensa responsable a ponerse de parte de la causa de la justicia, tratando de neutralizar la distorsión de los manipuladores a fin de restablecer la veracidad informativa. Pero con ello entraremos de nuevo en otra larga espiral mediática donde uno y otro bando batallarán un día tras otro sobre la opuesta interpretación que ha de darse a las sucesivas pruebas aportadas, con lo que a la larga el resultado será que el ciudadano de a pie comenzará a sospechar de todo, reforzando su vieja desconfianza frente a la justicia española. Lo cual explica perfectamente que luego, en los sondeos de opinión, un tercio de los ciudadanos se muestren escépticos sobre la verdad judicial referente al 11-M. Que es precisamente lo que pretenden lograr los manipuladores mediáticos al servicio del PP.

Se plantea así un dilema de muy difícil solución. Cuando un partido capaz de gobernar, a través de la prensa mercenaria que le sirve, emprende "sin complejos" una sistemática manipulación de la opinión pública para distorsionar instituciones como la justicia, sólo hay dos opciones posibles para enfrentarse a ello. La primera es darles la batalla entrando en su propio terreno a fin de rebatir una por una todas sus distorsiones informativas, lo que equivale a cederles la iniciativa y el control de la agenda pública, siguiéndoles el juego en una partida que al final sólo conduce al triunfo de su estrategia de la sospecha. La segunda es por el contrario ignorarles y despreciarles para no seguir su juego, dejando que los procedimientos judiciales sigan su marcha imperturbable sin oponer resistencia. Dicho así, podría parecer que esta última es la opción más lógica. Pero eso no sucede en el caso español, pues aquí la justicia no brilla por su imperturbabilidad, precisamente.

Este dilema es análogo al que plantea el terrorismo. ¿Se informa de los atentados con el tratamiento prioritario que merecen, lo que equivale a hacerles el juego a los terroristas, que buscan imponer su agenda a la opinión pública? ¿O se los minusvalora rebajando su prioridad informativa, para no dejar que los terroristas impongan su iniciativa política? El justo medio de Aristóteles es la mejor solución.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_