Oleada violenta

El lunes de la semana pasada cinco encapuchados asaltaron una finca de Riudoms (Tarragona), maniataron, robaron y golpearon a su propietario; el viernes, otros cinco irrumpieron armados en un chalé de Begur (Girona) y, al no obtener el botín que buscaban, secuestraron al hijo de cuatro años; el sábado, cuatro albanokosovares intentaron robar en la casa manresana del joyero Tous. En un confuso episodio, el guardia de seguridad, yerno del joyero, que no iba uniformado, disparó a bocajarro a un asaltante, que murió ayer.

Aunque el nuevo consejero de Interior, Joan Saura, asegura que no estamos ante una nueva oleada de robos como la que se vivió en Cataluña la pasada primavera, la inquietud es considerable. Los índices de delitos violentos se han estabilizado en los últimos cinco años, según datos de la Generalitat, pero el incremento de robos o intentos de robo con violencia ha extendido la alarma. Los últimos casos impactan porque afectan a familias o personas circunstancialmente aisladas: de los 25 asaltos violentos que se produjeron en la pasada primavera, 19 ocurrieron en viviendas unifamiliares situadas en urbanizaciones dispersas de difícil vigilancia.

De entrada el modelo urbanístico tejido durante los últimos años junto a las grandes ciudades parece favorecer este tipo de violencia. Además, la intervención subsidiaria de empresas privadas de seguridad, como ha sucedido en el asalto a la vivienda de los Tous, plantea numerosos problemas sobre la suficiente adecuación a las normas legales y el principio de proporcionalidad en la autodefensa, en los que con frecuencia queda desequilibrada la ecuación entre seguridad y libertad.

Los asaltos suelen concentrarse geográficamente, como ocurrió en la primera oleada, en Tarragona, donde persiste un vacío policial con el repliegue de Policía Nacional y Guardia Civil ante el próximo despliegue de los Mossos d'Esquadra, lo que suscita interrogantes sobre la forma de realizar la sustitución. La Junta de Seguridad de Cataluña trató de responder mediante protocolos de coordinación, sobre todo en relación con la información disponible, de los cuerpos policiales. Los atracadores suelen ser delincuentes organizados procedentes de la Europa oriental, en especial de Rumania y de los países de la ex Yugoslavia, lo que plantea dudas sobre la eficacia de la vigilancia de las fronteras exteriores de la nueva UE, así como la velocidad de los avances en la creación de un espacio de libertad y seguridad europea: las redes criminales continentales se están globalizando más rápidamente que las de seguridad pública.

Las autoridades deben responder con firmeza a este abigarrado conjunto de problemas, ansiedades e interrogantes de nuevo cuño. Pero es indecente que algunos populistas los manipulen denunciando un caos generalizado que las estadísticas no avalan: España exhibe un nivel de criminalidad muy inferior al de la UE, y la mitad que el del Reino Unido o Bélgica.