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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Moratoria insalubre

El País

La sustitución de los productos tóxicos y peligrosos para la salud debería ser una prioridad absoluta para la industria de cualquier país. La contaminación por mercurio se ha demostrado como una de las más peligrosas que pueden afectar a las personas, a través de la ingestión de animales -sobre todo, pescado- contaminados por ese metal líquido y pesado. Ésa fue la razón que llevó a las autoridades comunitarias a poner como límite el año 2007 a las emisiones de mercurio, lo cual equivalía a obligar a las empresas que utilizan el metal en los procesos químicos a sustituirlo por tecnologías menos contaminantes.

Sorprende pues que el Ministerio de Medio Ambiente haya pactado con las empresas que fabrican cloro utilizando tecnologías de mercurio una prolongación de sus actividades hasta el año 2020. Trece años más de emisiones de un producto sumamente peligroso para la salud son demasiados en términos sanitarios y medioambientales; sobre todo cuando las causas del retraso se suponen -el coste económico de la implementación de nuevas tecnologías- pero no se conocen con exactitud.

De inmediato, el Ministerio de Medio Ambiente está obligado a explicar cuáles son los márgenes legales que permiten este aplazamiento. Pero también el riesgo añadido para la salud de los consumidores que implica, puesto que el Ejecutivo es responsable del cumplimiento de las normas de salud pública, o los controles que se van a poner en marcha para evitar males mayores. Caben pocas dudas hoy de la peligrosidad del mercurio y de su extensión por la cadena alimenticia a través de peces como ciertas clases de atún, el mero o los langostinos, por citar algunos de los más próximos a la cocina de los españoles.

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Lo que pueda suceder durante los próximos 13 años de moratoria mercurial ya no será un peligro derivado del conocimiento insuficiente de la toxicidad de este metal o de la falta de un marco legal que fije los plazos de su supresión -la directiva ya llenó ese vacío- , sino de un acuerdo administrativo con responsabilidades concretas.

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