Guipúzcoa licitó obras de la Eibar-Vitoria por 192 millones antes de aprobar el proyecto

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas considera en su último informe de fiscalización de la Diputación de Guipúzcoa que la sociedad pública Bidegi, que se encarga de la gestión de las autopistas, incumplió la legalidad en 2004 al sacar a concurso las obras de un tramo de la autopista AP-1 (Eibar-Vitoria) cuando el proyecto no había sido aún aprobado por el Gobierno foral. El trámite de aprobación del proyecto de construcción se produjo el mismo día en que se adjudicaron las obras por 191,8 millones de euros. El tribunal también ve anomalías en la venta de siete plantas industriales de Eibar, operación que supuso una pérdida patrimonial de cuatro millones para la institución que preside Joxe Joan González de Txabarri.

El informe sobre el ejercicio de 2004 de la Diputación de Guipúzcoa, hecho público ayer por el Tribunal de Cuentas, advierte de que Bidegi incurrió en un "incumplimiento de legalidad" al licitar las obras del tramo Arlabán-Eskoriatza de la AP-1, "cuando el proyecto no había sido tramitado ni aprobado por la Diputación". Los trabajos, actualmente en marcha, se adjudicaron por 191,8 millones de euros"el mismo día" de la aprobación del proyecto constructivo. El tribunal considera que esta actuación supone contravenir lo dispuesto en la norma foral de Carreteras.

El tramo Arlabán-Eskoriatza es el más costoso de los cinco en que se dividió la construcción de la Eibar-Vitoria a su paso por Guipúzcoa. El proyecto incluye el túnel de Izuzkitza (antes Arlabán), de 3.377 metros de longitud, que enlaza con Álava.

La Diputación no hace ninguna referencia a esta amonestación en las alegaciones que presentó al informe de auditoría pública. El tribunal también censura que los contratos de obra de otro tramo de la AP-1 (Bergara sur-Bergara norte) y de uno de la autovía Beasain-Durango fueron modificados en seis y cinco ocasiones, respectivamente, antes de su finalización, lo que supuso un encarecimiento de los trabajos.

El Tribunal, que hace constar el cumplimiento "razonable" de la legalidad por parte de la Diputación, destaca otra importante "salvedad" en una venta inmobiliaria en Eibar. Señala que la institución foral perdió cuatro millones en la venta de siete plantas de edificios industriales de esta localidad. En ese solar está prevista su apertura un centro comercial de El Corte Inglés.

La Diputación se hizo con estos bienes valorados en 4,8 millones en 1998 y, seis años después, los vendió por 800.000 euros a sus anteriores propietarios (la empresa Alfa de Eibar), después de que el uso del suelo fuese recalificado de industrial, en el momento de la compra, a residencial y comercial cuando se cerró la venta.

La Diputación los adquirió en compensación de deudas tributarias de 1998 contraídas por Alfa. Lo hizo "de forma directa, sin aplicar el procedimiento de subasta preceptivo por la normativa". En 2004, después de que el Ayuntamiento de Eibar diera a esos suelos la calificación de residencial y comercial en el nuevo planeamiento, la Diputación los vendió por cuatro millones menos que el precio de compra. El tribunal también hace constar que la venta de estas fincas no fue comunicada al Consejo Vasco de Finanzas a efectos de calcular las aportaciones de los territorios al Gobierno vasco.

En sus alegaciones, la Diputación justifica la actuación en aras de "contribuir a la regeneración urbanística de Eibar" y "posibilitar la reconversión del grupo Alfa, asegurando el mantenimiento de sus 800 puestos de trabajo". También aduce que ha rebido en los últimos cinco años ingresos tributarios de Alfa por 16,5 millones. Además, el organismo auditor descubre la concesión de subvenciones de forma irregular por 2,4 millones.