La Junta aplica ya la limitación del 30% al aumento de población en los planes urbanísticos

El Parlamento de Andalucía aprobó el miércoles una resolución que permitirá a la Junta poner límites estrictos a los desaforados crecimientos urbanísticos que planean decenas de ayuntamientos andaluces. En ocho años, el crecimiento de la población previsto en esos planes no podrá superar el 30% de la actual, ni tampoco podrá calificarse como urbanizable más de un 40% del terreno urbano existente. Los planes que incumplan estos límites serán rechazados por la Consejería de Obras Públicas, que asegura haber aplicado ya criterios similares en los pocos planes ya aprobados.

La aprobación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en enero de 2003, obligaba a los 770 municipios andaluces a adaptar su planeamiento urbanístico a la ley autonómica. La elaboración de estos nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) ha sido aprovechado por muchos ayuntamientos andaluces para planificar crecimientos urbanísticos brutales, a imagen de los que ya se han consolidado en varias zonas del litoral andaluz o de las áreas metropolitanas de las capitales.

El goteo de informaciones sobre planes urbanísticos que multiplicarán el número de vecinos y viviendas de diversas localidades andaluzas ha sido continuo en los últimos meses: en María (Almería) se planea una urbanización que elevaría la población de 1.565 a casi 5.000 habitantes; en varias localidades de la comarca del Aljarafe sevillano, junto a la capital andaluza, varios Ayuntamientos prevén doblar o triplicar su población; el plan de Almuñécar (Granada) triplica el terreno urbanizable del municipio. El último caso en esta lista, con muchos más ejemplos, es el de El Granado, un pequeño pueblo onubense de 600 habitantes, donde el Ayuntamiento firmó un convenio que permite construir 2.675 chalés.

El proyecto de El Granado no prosperará por razones medioambientales -se quería construir en terreno protegido-. El resto (y otros muchos) tendrán que readaptarse para pasar el filtro de la Consejería de Obras Públicas. Los planes urbanísticos los proponen los Ayuntamientos, pero la aprobación definitiva corresponde a la Junta, que se apoya en criterios generales de ordenación territorial. La resolución aprobada esta semana por el Parlamento establece limitaciones mucho más específicas y de aplicación general.

Un portavoz de Obras Públicas mantuvo que los 40 planes municipales ya aprobados de forma definitiva por las comisiones provinciales de Urbanismo (dependientes de la Consejería) cumplen las limitaciones establecidas por el Parlamento. Pero quedan por evaluarse más de 600 planes (sólo una treintena están en la fase final del trámite) y la resolución de la Cámara andaluza refuerza ese criterio ante las presiones locales. Para completar el armazón legal, la Consejería prepara un decreto en el que especificará aún mas los criterios que tienen que cumplir los planes municipales para ser aprobados.

Según los cálculos de Izquierda Unida, las limitaciones harán inviables la mitad de los planes urbanísticos en tramitación, al menos como están formulados. La resolución parlamentaria se debió a una iniciativa del grupo parlamentario de IU, respaldada por la mayoría absoluta del PSOE, en una sesión en la que los socialistas apoyaron otras 16 medidas sobre ordenación del territorio planteadas por la formación de izquierdas.

Iniciativa de IU

Una decisión que la portavoz parlamentaria de IU, Concha Caballero, calificó un día después como "sorprendente", habida cuenta

de que había sido rechazada en varias ocasiones por el pleno. Caballero apostilló que si esta medida se hubiera puesto en marcha hace diez años, "el desastre urbanístico que sufre hoy Andalucía no se hubiera producido".

Según la portavoz de IU, la incorporación de este criterio como "norma" significa un cambio de rumbo "trascendental" de la política de la Junta. "Andalucía es una de las zonas de mayor especulación urbanística de toda España junto a Madrid y Valencia, se construyen tantas viviendas como en Alemania e Inglaterra juntas", aseveró.

Las restricciones autonómicas a los planes municipales de crecimiento urbanístico también se reforzarán por el flanco medioambiental. El Parlamento andaluz comenzará a tramitar esta semana la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, una norma que establece el "carácter vinculante" de la evaluación de impacto ambiental de cualquier plan urbanístico, a cargo de la Consejería de Medio Ambiente.

La nueva ley establece de forma específica que la autorización a cualquier proyecto urbanístico estará condicionado a que tenga garantizado la aportación de agua y a que ese suministro sea compatible con la sostenibilidad de los recursos hídricos que abastecen a las poblaciones afectadas. El estudio ambiental también analizará si el proyecto incrementa la contaminación lumínica o acústica, y planteará medidas correctoras de aplicación obligada.