Porto asesoró desde su despacho oficial en Madrid el plan de Cáceres

Enrique Porto siguió asesorando desde su despacho oficial de director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid un polémico plan urbanístico en Cáceres capital -gobernada por el Partido Popular- que le fue adjudicado antes de su nombramiento. Así lo atestigua un fax enviado desde su dirección en Urbanismo en febrero pasado, en el que da instrucciones sobre una parcela cuyo brutal aumento de edificabilidad ha causado la dimisión de un concejal del PP, que habla de ilegalidad.

Diferentes documentos en poder de este diario apuntan que Enrique Porto, en contra de lo manifestado por él y asumido por el Gobierno autónomo de Esperanza Aguirre, nunca se desvinculó de su actividad privada ni de su empresa Plarquin tras ser nombrado director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, en diciembre de 2003.

Existe una primera e insólita evidencia: un fax enviado desde la Dirección General de Urbanismo el pasado 13 de febrero con el siguiente mensaje: "Por indicación de don Enrique Porto, te envío la siguiente documentación". El fax lleva el sello de la Dirección General y deja como teléfonos de contacto los del propio despacho oficial, así como su número de fax. Fue enviado a Antonio Pimenta, de Prointec, que contrató en enero de 2003 los servicios de Porto como uno de los arquitectos que realizaría la revisión del Plan General de Urbanismo de Cáceres, cuyo alcalde es José María Saponi (PP).

El fax de Porto, incluido en el expediente municipal, va referido a una finca del casco urbano cacereño de unos 11.000 metros cuadrados donde existía un colegio de las monjas carmelitas. En función del nuevo plan, la superficie edificable en dicho suelo pasaría de 7.910 metros cuadrados a 60.500, con inclusión de un colegio, pero en su mayor parte destinados a la construcción de un gran centro comercial, y uso terciario y residencial. Tal revisión se habría producido en virtud de un convenio cuya legalidad cuestionan sus detractores. Y sobre dicha parcela, el director de Urbanismo de Madrid asesora a sus compañeros de equipo redactor en febrero de 2006.

Porto les apunta cuáles pueden ser los límites o los volúmenes de edificabilidad, la reserva para dotaciones públicas, la cesión de terrenos para dotaciones y participación en las plusvalías, y la monetización de las cesiones. Para ello compara Porto la normativa extremeña con la madrileña. Esta operación ha sido tan polémica que ha costado la dimisión de un concejal cacereño del PP, Manuel Rodríguez Cancho, por creer que "roza la ilicitud y la ilegalidad", y que la compensación por multiplicar su edificabilida

d -un pago de unos 2,5 millones de euros- "es escasa para la repercusión que la obra tendrá en la zona". El citado expediente vio frustrada su aprobación ayer. Quedó en la mesa con los votos en contra de dos concejales del PSOE, uno de IU y el del propio Cancho, que votó en contra de su partido.

La portavoz socialista en dicho municipio, Carmen Heras, ha pedido toda la documentación que tenga el Ayuntamiento en relación con la intervención de Porto porque sostiene que "si está cuestionado el que ha sido responsable del nuevo Plan General de Urbanismo de Cáceres, el plan está cuestionado". Heras argumenta que si Porto ha dimitido por beneficiarse de operaciones urbanísticas en la Comunidad de Madrid, el plan de Cáceres "puede estar contaminado". Esta concejal ya había reparado meses atrás que, aunque Porto fue nombrado en diciembre de 2003, aún seguía figurando en la redacción del plan e incluso en febrero de 2004 acudió a una rueda de prensa sobre el mismo.

Asegurado como colaborador Existe un segundo documento que apunta que Porto mantuvo su actividad privada tras su nombramiento como director de Urbanismo de Esperanza Aguirre. El 18 de febrero de 2004, Dual International, en nombre de la británica Lloyd's, le recuerda a Plarquin -firma que teóricamente ha abandonado Porto tras su nombramiento en diciembre de 2003- que su cobertura de responsabilidad civil profesional cubre las actividades de los "arquitectos socios: Enrique Porto Rey, su esposa, Pilar Fernández González, y su socio José María Fernández del Río". El 5 de marzo de 2004, dicha firma comunica a Plarquin que ha cambiado la póliza conforme a las instrucciones recibidas. Porto ya no es asegurado como socio, sino como colaborador. "Queda cubierta la actividad profesional al servicio de la sociedad de los arquitectos colaboradores de la misma, Enrique Porto y Miguel Ángel García Horcajada, y excluida toda su actividad fuera de dicha sociedad". No se trata de garantizar pasados trabajos de Porto, que hasta febrero de 2004 estuvo cubierto como "arquitecto socio", sino las que desempeñe en adelante como "arquitecto colaborador", fórmula que aplica tras su nombramiento y venta de sus acciones de Plarquin, con la que alegó desmarcarse de ella.