Dos estatutos cabales (1936-1979)

Tanto el Estatuto vasco de 1936 como el de 1979 fueron producto del talante pragmático y constructivo del hermano sensato de Sabino Arana, Engracio Aranzadi, Kizkitza. (Por lo que se sabe, el insensato debió ser su hermano Luis Arana: un punto corrupto y atrabiliario). También, de lo que ha dado en llamarse el "argumento carlista": la necesidad en España de contar en este territorio de aliados prácticos ante sectores levantiscos -por motivos varios: el absolutismo en el XIX, tendencias fascistizantes-carlistas en 1936 y una ETA febril en 1979-, que, se suponía, atemperarían los ánimos de aquéllos ante una administración vasca con fuertes competencias. (Ocurrió en 1979, en que, aun sin haber participado en la negociación constituyente, y con la tan recurrida presión militar en aquel momento crítico, el País Vasco lograba un nivel de autogobierno superior a Cataluña). Y, finalmente, de un talante práctico e integrador de sectores vascos socialistas y liberales.

Debían elegir entre la democracia y el fascismo rampante, y debían hacer frente al 'error de Estella'

El Estatuto de Gernika se hizo con una idea más acabada de lo que es la democracia moderna que el del 36

Y hay otro elemento que los une: ambos estatutos contaron con la intervención de la llamada generación vasca del 36, aquélla de la que formaron parte José Antonio Aguirre, Indalecio Prieto, Manuel Irujo, Juan Astigarrabía, Alfredo Espinosa, Gonzalo Nárdiz o Juan Ajuriaguerra; nacionalistas, socialistas y liberales en proporciones variadas. En el primer Estatuto, como protagonistas; en el segundo, como trasmisores de experiencia. Los nacionalistas de aquella generación -la más importante en la historia del PNV, con Aguirre, Irujo y Ajuriaguerra-, verdaderos motores del cambio institucional, sin haberse desprendido del tradicionalismo sabiniano habían avanzado en la idea de un cierto liberalismo (de corte orteguiano), en la adhesión a la democracia (que se transformó en antifranquismo), en un claro europeísmo, en una idea de humanismo cristiano que incluía, vía catolicismo-social, alguna aproximación hacia la socialdemocracia, y, especialmente, en el estatutismo como reconocimiento del pluralismo vasco y la búsqueda del consenso del conjunto de esa sociedad.

Sus herederos (Garaikoetxea, Arzalluz, Guevara, Unzueta o, en las instituciones, después, gente como Román Sodupe) lo explicitaron en la Asamblea de Pamplona de 1977 y al respaldar el Estatuto vasco en Gernika (1979). Con ellos marcharon los herederos de ANV (ESEI) y del PSOE de Indalecio Prieto (Ramón Rubial, Txiki Benegas, Carlos Solchaga, Enrique Múgica) en el llamado Frente Autonómico.

Por lo demás, el Estatuto de 1979, el de Gernika, fue mucho más extenso en las competencias que asumía el territorio vasco, elaborado según una técnica más depurada y con una idea más acabada de lo que es la democracia moderna de lo que fue el de 1936. Aparte quedan las apelaciones a la fórmula schmittiana de la garantía institucional procedente del constitucionalismo alemán de Weimar, que trataba de preservar una cierta continuación histórica en los procesos de actualización institucional: provincias y foralidad.

En septiembre de 1936, tras los trabajos en comisión (presidida por Indalecio Prieto y cuyo secretario era José Antonio Aguirre) sobre la base del Estatuto refrendado mayoritariamente en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya en noviembre de 1933, Aguirre, Basterrechea, Ajuriaguerra y Arcelus, del PNV, aceptaron la entrada de Manuel de Irujo en el Gobierno de la República presidido por Largo Caballero y la aprobación del Estatuto (refrendado en el Congreso el 1 de octubre de 1936). Lo hacían desde una experiencia corta pero muy densa. Debían elegir entre la democracia y el fascismo rampante aquellos años en Europa, y debían hacer frente al "error de Estella", en expresión de José Luis de la Granja; un estatuto hecho con el carlismo para sabotear desde dentro a la República. Tenían en frente al atrabiliario pero influyente Luis Arana y a las huestes movimentistas encabezadas por Elías Gallastegui y el grupo Jagi-Jagi -modelo ideológico-sentimental de ETA-, por motivos diferentes pero convergentes. Se atrevieron (aunque lo cierto es que la oposición contaba menos de lo que aparentaba), y el 7 de octubre de 1936 formaron un Gobierno que resultaría internacionalmente reconocido.

También en 1979 hubo bravura. Se sacó adelante un Estatuto que contaba con la radical oposición del jagi-jagismo de Herri Batasuna. La gente, la ciudadanía, lo respaldó en un duro referéndum.

El de Gernika ha resultado un Estatuto de una gran eficacia y versatilidad. Ha permitido, a través de los Conciertos, una autonomía fiscal y presupuestaria que se había perdido en 1937 -no reconocida por la República ni el Estatuto de 1936; con lo que se recuperaba algo anterior-. Se constitucionalizaba la garantía institucional (Carl Schmitt) en su Disposición adicional, que completaba disposición Adicional Primera de la Constitución española de 1978, y en la Ley de Territorios Históricos (1983). Se reproducía (con rectificación historicista o territorial) la modificación democrática en la norma, de modo que la ciudadanía estuviera bien representada. Lo estrictamente propio (el euskara) se protegía sin menoscabo de otras culturas. Y se daba paso a Navarra (una de las reivindicaciones fuertes del nacionalismo), cosa que fue desechada en 1936.

Los años han permitido un gran desarrollo de aquel Estatuto de 1979 en enseñanza, sanidad, infraestructuras, gestión local, etc., lo que no ocurrió sino enfermizamente con el del 36, inmerso en una atormentada guerra civil. Hasta el punto de que las propias juntas generales provinciales y las diputaciones van adquiriendo una presencia pública antes insospechada.

Estamos en el tiempo de las reformas estatutarias. Ya no es el tiempo del Estado integral (Segunda República) sino del Estado de las autonomías, una especie de federación inestable de territorios e instituciones. En lo que al País Vasco toca, cabe mejorarlo. Quizá de manera especial, creando un órgano parlamentario inter-foral que pueda dar la réplica a los órganos ejecutivos confederales vascos, como el Consejo Vasco de Finazas. (Véase el conflicto entre las Juntas Generales de Álava y la Diputación de esa provincia, que aduce un acuerdo interterritorial, sobre el pago a un letrado que les defendió en un asunto de la fiscalidad.)

Y luego está el plan Ibarretxe, increíblemente conectado, como antes nunca había ocurrido en el PNV, con el atrabiliario Luis Arana. So aires de verano que pasarán. Es la esperanza de ciudadanos cabales.

Javier Ugarte es profesor de Historia Contemporánea de la UPV-EHU.