La Junta se personará como acusacion en la operación Malaya

La Junta de Andalucía estará representada en la causa judicial abierta por la operación Malaya. El Consejo de Gobierno regional autorizó ayer a sus servicios jurídicos que den los pasos necesarios para la personación de la Junta como Administración pública perjudicada en el sumario contra la corrupción municipal en Marbella. A juicio del Ejecutivo andaluz, el caos urbanístico en que han sumido a la ciudad los imputados en el caso "puede ocasionar graves perjuicios para la Administración autonómica, obligada a desarrollar políticas e inversiones en defensa del interés general".

El Gobierno regional aprobó el pasado 19 de septiembre el proyecto de la ley por la que se concederá un crédito extraordinario de 100 millones de euros a la Comisión Gestora que actualmente gobierna el municipio de forma provisional tras la disolución del Consistorio por decreto del Consejo de Ministros. Este proyecto de ley está pendiente de su aprobación por el Parlamento andaluz, que lo tramitará por el procedimiento de urgencia.

En abril, el órgano legislativo instó al Gobierno regional a personarse en la causa judicial "para velar por que se restituya lo saqueado al municipio de Marbella". Con anterioridad a la apertura el sumario, la Junta llevó a cabo 389 impugnaciones de licencias urbanísticas, 91 actos de suspensión por órganos judiciales, 117 comunicaciones a la Fiscalía por actuaciones con indicios delictivos, 12 visitas de inspección urbanística, 250 requerimientos para la incoación de inspecciones sancionadoras y 55 requerimientos de revisión de oficio de licencias concedidas irregularmente.

Muñoz vuelve al juzgado

Una de estas causas urbanísticas obligó ayer al ex alcalde Julián Muñoz y a los ex concejales del antiguo GIL Tomás Reñones, José Luis Fernández Garrosa y Rafael González a salir de la prisión de Alhaurín de la Torre para declarar ante un juzgado de Marbella. Otros dos ex ediles, Alberto García y Marisa Alcalá, en libertad, acudieron para responder de un supuesto delito contra la ordenación del territorio por haber permitido la construcción de una gasolinera y un conjunto de viviendas en suelo calificado para parques y jardines en el año 2002.

Ernesto Osuna, abogado de Muñoz, aseguró que los imputados actuaron de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998, nunca reconocido por la Junta de Andalucía. El letrado señaló que en el momento en que sucedieron los hechos "se pensaba que era correcta" la concesión de dichas licencias y matizó que, "incluso cuando se solicitaba a la Junta de Andalucía la suspensión cautelar de licencias dadas conforme al plan del 98, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) nunca la concedía, lo cual inducía quizás a pensar que se estaba actuando correctamente".