Afectados por la autovía de la Vega Baja rechazan el trazado

Alrededor de 600 personas, entre vecinos y pequeños agricultores, afectados por la futura Autovía de la Vega Baja, la CV-91, que unirá Orihuela con Guardamar del Segura, rechazaron ayer el cambio de trazado para la vía. Los afectados, que han presentado más de 3.000 alegaciones, insisten en el mayor coste ecológico y social que acarrea la nueva alternativa diseñada al proyecto primitivo de 2002.

Los afectados por la nueva vía de comunicación rápida por el interior de la Vega Baja se reunieron anoche en el salón de actos de la sede principal de la CAM en Orihuela para unificar su postura frente a la nueva infraestructura. La asamblea, que según la organización congregó a más de 6.000 personas, no había concluido al cierre de esta edición.

La plataforma de afectados por la autovía CV-91 exige que la ejecución del futuro vial se ciña al proyecto diseñado en 2002 por la Generalitat Valenciana y no a la alternativa presentada un año después. Los agricultores y propietarios de viviendas mantienen que el primitivo trazado era menos gravoso tanto por el menor número de afectados como por la extensión de terreno a expropiar.

El nuevo trazado eleva a entre 500 y 600 los pequeños propietarios perjudicados por el nuevo trazado. La afección de la superficie alcanza además las 6.000 hectáreas. Un terreno que, según cálculos de la entidad cívica, alcanza una cuantía de 318 millones de euros. Contrariamente a estas cifras, el primer proyecto diseñado apenas afectaba a un puñado de propietarios, tal y como refleja el pliego de alegaciones. "Las alegaciones fueron muy pocas y se resolvieron", señala el presidente de la plataforma vecinal Quintín Gómez. Además, el valor de las tierras se reducía considerablemente hasta los 28 millones de euros.

Para Gómez, el nuevo proyecto supone un clamoroso agravio para el municipio de Orihuela y sus pedanías tanto por cuestiones medioambientales (subida de temperaturas, inexistencia de barreras naturales antiacústicas, contaminación por exceso de monóxido de carbono) o urbanas (el nuevo vial supone una importante barrera arquitectónica). Según Quintín, algunas pedanías quedarán "incomunicadas". La plataforma insiste en que el nuevo trazado "no es la mejor solución para Orihuela y sus pedanías". Por ello, el colectivo exige la ejecución del anterior proyecto.

A la asamblea también asistieron representantes de la ejecutiva local del PP de Orihuela, que preside la diputada autonómica Mónica Lorente. "Nuestro objetivo es conocer la opinión de los vecinos y propietarios y llegar a un consenso antes de la finalización del plazo de alegaciones, el próximo día 27", dijo Lorente.