La Fiscalía de Bolivia registra las oficinas de Repsol y detiene a un directivo

La fiscalía boliviana procedió el viernes al registro y confiscación de documentación en las oficinas de Andina, filial de la española Repsol YPF, por una investigación sobre una supuesta estafa en un contrato de venta de gas a la brasileña Petrobras, que habría generado pérdidas al Estado de 150 millones de euros. El síndico (auditor) de la petrolera, Saúl Encinas Miranda, fue detenido. El juez decidió en la madrugada de hoy su puesta en libertad, aunque con arresto domiciliario fuera de su horario de trabajo. El Gobierno español contactó ayer con el boliviano para interceder en la crisis.

Repsol YPF vuelve a tener problemas en Bolivia. La fiscalía de Santa Cruz ordenó a última hora del viernes (hora local) el allanamiento de las oficinas de Andina, la subsidiaria de la petrolera española, y la confiscación de documentos internos de la empresa. La acción responde a una investigación abierta sobre una presunta estafa por venta irregular de gas a Petrobras en 2002. Es la segunda vez que la Fiscalía registra las oficinas de Repsol YPF. La anterior ocurrió en marzo para detener al entonces presidente de Repsol YPF en el país, Julio Gavito, y al gerente en jefe de operaciones, Pedro Sánchez, por presunto contrabando de crudo entre 2004 y 2005.

Tras registrar las oficinas centrales de Andina en Santa Cruz, los fiscales, junto a 20 policías, detuvieron por orden judicial a Saúl Encinas Miranda, el síndico de la petrolera, de nacionalidad boliviana y que ejerce de auditor de cuentas y secretario del consejo de la empresa.

El fiscal José Centenaro justificó el allanamiento por la negativa de la empresa a entregar la documentación requerida. En contra de esta versión, en fuentes de Andina se aseguró que se ha colaborado en todo momento en la investigación y calificaron la acción de la fiscalía como "irregular y desproporcionada"

Ya en la madrugada de hoy, el juez de turno, Jimmy López, dispuso la libertad del síndico, aunque con "medidas sustitutorias" que incluyen la obligación de presentarse cada siete días ante el ministerio público, así como el arresto domiciliario fuera de las horas de trabajo.

La justicia y la serpiente

El fiscal Centenaro declaró que se apelará contra la decisión del juez y mostró su disconformidad con la misma con esta gráfica frase: "Aquí la justicia es como las serpientes, que sólo pican a los descalzos". Añadió que se han cursado "mandamientos de aprehensión" contra varios directivos más de Andina, sin especificar su número.

La fiscalía intenta averiguar si Andina suscribió un contrato de venta de gas con Petrobras en 2002, a espaldas de las autoridades bolivianas, para burlar la fórmula de reajuste periódico del precio que se estipulaba en un tratado firmado entre Bolivia y Brasil para asegurar el suministro de gas a este último país. Este pacto secreto habría generado un daño económico al Estado boliviano de unos (150 millones de euros) durante cuatro años, según los fiscales. Brasil es el primer comprador de gas boliviano,

La denuncia fue realizada hace un mes por Hernán Camacho, directivo de Andina designado por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), tras la nacionalización de la filial de Repsol YPF decretada por el gobierno de Evo Morales en mayo pasado. Posteriormente, se sumó a la denuncia el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada.

Alberto Cornejo, otro de los fiscales protagonistas de la investigación, había pedido el ingreso en prisión del síndico Encinas por "estafa agravada". Además, aseguró que en los próximos días serán llamados a declarar varios directivos de Repsol YPF en Bolivia, entre ellos, el actual presidente de la compañía, el español Luis García Sánchez.

La operación podría extenderse en los próximos días, en línea con lo declarado por Centenaro, con nuevas detenciones de los directivos de Andina y Petrobras que firmaron el acuerdo, muchos de los cuales ya no trabajan en la compañía y ni siquiera están en Bolivia. Entre los investigados está el español José María Moreno, ex primer ejecutivo de Repsol YPF en Bolivia, y los brasileños Antonio Luiz Silva de Menezes y Luis Rodolfo Landim Machado, ex directivos de Petrobras, informa Efe.

Los representantes legales de Andina señalaron, mientras esperaban la audiencia cautelar que terminó con la puesta en libertad del síndico, que no han recibido notificación alguna de nuevas órdenes de detención.

Fuentes de Andina explicaron que el contrato firmado con Petrobras no supuso ningún daño económico al Estado boliviano, ya que se ajustaba a la ley y se cumplió con el pago de los impuestos mientras estuvo vigente.

Este nueva crisis de la empresa participada por La Caixa trasciende el ámbito económico. El Gobierno español, "a su más alto nivel", se puso en contacto ayer con el Ejecutivo boliviano para interesarse por la situación y "en defensa de los intereses de una empresa española", informaron en fuentes de Moncloa. El Ejecutivo español confía en que se aclare la situación y que todas las actuaciones que está llevando a cabo la fiscalía respondan a la legalidad.

Mientras se resuelve el asunto, Evo Morales prosigue con su cruzada particular para la renacionalización de los recursos naturales. El presidente de la República viajó ayer al Parque Nacional de Madidi, a 1.100 kilómetros de La Paz, para presentar el Decreto Supremo de Nacionalización de las Áreas Protegidas. "Aquí y ahora comienza la nacionalización de nuestros recursos".

Con esta medida, el Estado revertirá las concesiones que obtuvieron las empresas para explotar madera, oro, petróleo y otras riquezas naturales en veinte parques y reservas naturales del país. Entre las compañías afectadas está Repsol YPF, Petrobras y la francesa Total.

Asimismo, el Gobierno boliviano aprobó ayer un decreto por el que las petroleras que operan en el país -entre ellas Repsol YPF- deben pagar en conjunto 150 millones de dólares (120 millones de euros) entre septiembre y octubre por el tributo establecido junto con la nacionalización de los hidrocarburos.