Alonso afronta una nueva polémica en Vitoria por la carestía de los pisos protegidos

La política de vivienda del Ayuntamiento de Vitoria, que encabeza el popular Alfonso Alonso, se ha visto sacudida en los últimos días por dos polémicas que amenazan con enturbiar el consenso que hasta ahora ha presidido la relación de los partidos en esta cuestión y que ha facilitado el imparable crecimiento de la ciudad por sus zonas de expansión natural de Salburua y Zabalgana. Alfonso Alonso se enfrenta a las críticas del PNV y de Ezker Batua que, por diferentes razones, cuestionan sus decisiones.

Una de las polémicas se refiere a varias cooperativas de vivienda a las que les tocó suelo en el sector conocido como Mariturri, en el área de Zabalgana, para construir pisos de protección oficial a 144.000 euros. Ahora, han anunciado a sus cooperativistas que el precio final puede rondar los 210.000 euros. La indignación por este aumento ha corrido pareja con la decisión de varias familias de darse de baja de la cooperativa porque no pueden hacer frente al incremento. El PNV, principal partido de la oposición, reveló ayer que varias de las cooperativas que también forman parte del sector de Mariturri mantendrán el precio fijado inicialmente (144.000 euros) frente a las que han anunciado que una subida del 45%.

El concejal peneuvista Unai Grajales aseguró que ha comprobado que no todas las cooperativas han disparado los precios. "Hay varias a las que les salen las cuentas y que aseguran que, una vez vendidas las lonjas comerciales y las plazas de garaje sobrantes, se ajustarán a los precios a los que todas las cooperativas se comprometieron con sus asociados. Si hay cooperativas capaces de construir las viviendas a los precios fijados por la protección oficial, deberían poder hacerlo todas", enfatizó.

Intencionalidad política

Para conocer las razones reales que han llevado al aumento de los precios, la sociedad urbanística municipal que gestiona el suelo y que en su momento se encargó del concurso para adjudicar los solares se reunirá el próximo 7 de septiembre para analizar la cuestión de forma monográfica. Según Grajales, tras este conflicto puede existir una intencionalidad política del alcalde para cuestionar el sistema de adjudicación de viviendas a cooperativas.

La segunda polémica se refiere a la intención del primer edil de cambiar la calificación de 1.600 viviendas de protección oficial ubicadas en Salburua y Zabalgana y convertirlas en pisos de precio tasado, más caras para los compradores, aunque ofrecen más beneficios al Ayuntamiento. Según el concejal de EB, José Navas, "los millones de beneficio que supone el incremento del precio de estas viviendas se los van a embolsar los promotores privados". Para Navas, es una medida "muy grave" porque supone un cambio drástico en la política de vivienda que hasta ahora se venía aplicando en la ciudad.